CARTA ABIERTA PARTE II

Bogotá D.C., Marzo 16 de 2009. 

 

Señora  

MINISTRA DE COMUNICACIONES
Dra. María del Rosario Guerra 

Ciudad 

Ref: Su oficio 000145 – Registro 282054, 25/03/2009 

 

Estimada Doctora María del Rosario. 

Como resultado de la reunión sostenida este jueves 12 de marzo de 2009, con el Doctor  Cristian Lizcano, Director de la CRT, con la participación de algunos de los gremios que venimos asistiendo a la mesa de trabajo, los miembros de  ADECINTEL, continuamos insistiendo en los planteamientos esgrimidos  en nuestra misiva del pasado 9 de febrero de 2009.    

 

En este orden de ideas y en respuesta al oficio de la referencia, presentamos la sustentación jurídica de la propuesta para la formalización de planes comerciales de telefonía celular y la normalización de la actividad de los centros empresariales de servicios de información y comunicaciones.  Reiteramos nuestro punto de vista que  independientemente “del curso legislativo del proyecto de Ley 112 de 2006 (Sic)” (1) y mientras es aprobada esta iniciativa “es prudente atender al sector, con los instrumentos disponibles” (2).   

 

Con esta argumentación consideramos que en forma definitiva y taxativa, el Ministerio de Comunicaciones, en asocio con la Superintendencia de Industria y Comercio,  la Superintendencia de Servicios Públicos y  particularmente la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y la Policía Nacional, tienen los elementos de juicio suficientes para regular  y establecer el procedimiento de implementación, seguimiento y control posterior de la actividad de comercialización del servicio de telefonía móvil en el país. 

El servicio de telefonía móvil celular, se define como “un servicio público de comunicaciones, no domiciliario, de ámbito y cubrimiento nacional, que proporciona en si mismo capacidad completa para la comunicación telefónica entre usuarios móviles y, a través de la interconexión con la red pública conmutada (RTPC), entre aquellos y usuarios fijos, haciendo uso de una red de telefonía móvil celular” (3).

Los consumidores unívocos del servicio de telefonía móvil celular  se dividen en los suscriptores (4) vinculados por un contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones y los usuarios (5)  que son las personas que sin tener relación contractual con un operador celular, utilizan la red móvil en virtud de acuerdos de interconexión existentes con un operador celular. Los mecanismos para la protección existentes son validos tanto para los suscriptores como para los usuarios del servicio, al ser ambos consumidores del servicio (6).

Como derechos para la defensa de los consumidores y usuarios, frente a los aperadores,  se tiene consagrado el Derecho de Petición  en la constitución Nacional (7).  Es este el derecho fundamental por medio del cual se da la posibilidad de que las personas accedan a las autoridades para que les planteen sus peticiones y además se obliguen a las autoridades para que respondan prontamente a lo requerido. Tiene como respaldo a la Tutela (8), aplica ante organizaciones privadas (9).y se encuentra reglamentada en el Código Contencioso administrativo (10) para su aplicación ante el sector público y privado.

Se entiende al servicio público  como  las actividades que proporcionan bienes o servicios, destinados a la satisfacción, de forma general, permanente y continua de las necesidades colectivas.  Los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios (11) “son todas las actividades encaminadas a la generación, transporte, distribución, comercialización, provisión masiva de bienes de consumo y servicio de naturaleza homogénea, producidos en forma masiva por  empresas y sujetos al régimen de tarifas que son necesarias para los residentes de un país, de forma continua, en su lugar de trabajo o habitación, para poder disfrutar de otros derechos fundamentales y desarrollar la vida en sociedad” (12).

 Los servicios públicos pueden ser prestados por los particulares  (13) y estas  Empresas de Servicios Públicos ESP, ejercen una especie de autoridad, encontrándose el suscriptor o usuario de alguna forma supeditado a las decisiones de estas empresas.  Al delegarse un servicio público a un ente privado se le faculta de ejercer una función pública y se obliga a actuar como autoridad en los términos consagrados en la constitución nacional (14) y en tal sentido como prestadora de servicios públicos debe constituir una oficina de quejas peticiones y reclamos y asumir las responsabilidades que del encargo se derivan.

En Colombia el estatuto de Protección del consumidor (15), suscriptores y usuarios  es de carácter general y se aplica tanto en los eventos de adquisición, comercialización y distribución de bienes, así como en la prestación de servicios.  La ley 142 de 1994, prorrogada por la Ley 1106 de 2006,  sobre servicios públicos domiciliarios, es aplicable a la telefonía móvil celular por remisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (16)

 El Decreto 2870 de 2007, busca  que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, facilite en la convergencia de las telecomunicaciones las condiciones para determinar e intervenir mercados relevantes;

Igualmente La resolución CRT 1732 de 2007, reguló sobre  el régimen de protección de derechos de los suscriptores y/o usuarios de redes y telecomunicaciones (17)  y en el Decreto 990 de 1998 para la atención de peticiones, quejas y reclamos en telefonía celular. (18)

En el decreto 1130 de 1999 se le otorgan a la Superintendencia de Industria y Comercio las mismas funciones que tenia la Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios sobre la telefonía celular (19).

La Ley 422 de 1998, modifica la Ley 37 de 1993 y la Ley 555 de 1999, por la cual se regula el servicio de PCS. (20) y con el Decreto 990 de 1998 establece los el reglamento los mecanismos de defensa de los usuarios y suscriptores y estableció el tramite que debía seguir para la atención de peticiones, quejas y reclamos.

El Decreto 1986 de 1998, modificatorio del 990 en forma precisa faculta al Ministerio de Comunicaciones para sancionar en caso de incumplimiento de lo delegado y contratado por los operadores, (21)

 Así como en el Decreto Ley 1130 de 1999, se permite el desarrollo del control de la telefonía pública móvil  por parte de Superintendencia de Industria y Comercio,  las circulares conjunta suscritas por la SIC, SSP, CRT bajo el amparo del Ministerio de Comunicaciones a través del grupo interinstitucional creado a raíz de referido Decreto (22) tiene la obligación de ejercen el control de los operadores de telefonía celular en forma integral y mancomunada.

En particular  es la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, a partir de la ley 142 de 1994, (23) en sus artículos 152 a 159, quien debe buscar la expedición de la normatividad  regulatoria que garantice la integralidad de la defensa de los derechos de los beneficiarios del servicio de comunicación móvil en Colombia.

En materia de telecomunicaciones, el numera tercero del artículo 37.3 del decreto 1130 de 1999 dispuso que son funciones de la comisión, en particular la relativa a la “resolución de conflictos entre operadores y comercializadores de redes y servicios”  (24) entre otras.

La ley 555 de 2000, en su artículo 15 a dirimir  conflictos que se presenten entre los operadores de PCS, o entre estos y otros operadores de servicios de telecomunicaciones (25).   La ley 555 de 2000, dispone igualmente que también es función de la CRT reglamentar cláusulas de protección para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. (26).

En la protección de los usuarios y suscriptores, resolución de conflictos  e indicadores  de la telefonía móvil, la CRT expidió las resoluciones 270 de 2000, 36 de 2000, la 489 de 2002, la  575 de 2002 por la cual se compilan los títulos I, IV, V y VII de la resolución 087 de 1997, la  1008 de 2004, resolución 1250 de 2005, la 1301 de 2005, la 4975 de 2007, la 1732 de 2007, la 1740 de 2007, la 1764 de 2007, la 2028 y la resolución  2030, de 2008, entre otras.

La Superintendencia de Industria y Comercio (27) con base en el Decreto 1122 de 1999 y subsanado  por declaratoria de inexigibilidad por la Corte Constitucional  por el decreto 1130 de 1999 (28), en su artículo 40, relaciona expresamente las funciones de la SIC (29), como autoridad para la inspección, vigilancia y control,  de los regímenes de libre y leal competencia en los servicios no domiciliarios de telecomunicaciones.  Por estos derechos velará su cumplimiento conforme a las  disposiciones contenidas en la Ley 155 de 959, el Decreto 2153 de 1993 y la Ley 256 de 1996 (30).

En las  circulares 03 de 2000 y luego la circular 11 y 12 de 2001, a la  SIC, en materia de telefonía móvil celular, le es aplicable las normas de la ley 142 de 1994. Estos actos administrativos gozan de total presunción de legalidad a la fecha, como lo indica el Consejo de Estado (31).

Al ser aplicables la Ley 142 de 1994 a la telefonía móvil celular, la Superintendencia de  Industria  y Comercio, dicta normas por medio de circulares que tienen que ver con la prestación del servicio y la relación operador y suscriptor, investiga conductas de los operadores, sea de oficio o por la presentación de una queja y en caso de considerarlo procedente, impone sanciones a los operadores; ordena el reconocimiento de silencios administrativos y además ejerce las funciones que le corresponden  respecto a la protección del consumidor en virtud del Decreto 3466 de 1982 y el Decreto 2153 de 1992.

La Superintendencia de Industria y Comercio, con base en la regulación del servicio de telefonía celular concentrado en torno al Decreto 990 de 1998  y el Decreto 1986 de 1998, donde se  reconoce la competencia de la Superintendencia de  Industria  y Comercio para investigar y proceder de acuerdo con las estipulaciones del Decreto 990 para  velar por la protección del consumidor, le permitieron emitir la normativa para conocer y proceder en torno a la telefonía celular, sus implicaciones en los usuarios y los posibles conflictos que se originan. (32)

El tema de protección al consumidor, en el caso de la telefonía celular, donde  el operador del servicio es mayoritariamente el proveedor y comercializador del mismo y los suscriptores contratan la utilización y disfrute del servicio para a satisfacción de alguna necesidad, genera uno derechos y obligaciones para las partes, que apuntan a prestar un servicio eficiente y con una calidad e idoneidad mínima, de tal forma que no se vayan a ver afectados los derechos de los consumidores (suscriptores y usuarios).  

Por esta razón son aplicables las todas las normas de protección de los derechos de los consumidores previstos en el Decreto 3466 de 1982, el cual busca regular la condiciones de calidad con que se deben prestar los servicios dirigidos al público.  La prestación del servicio de telefonía, en tal sentido se debe hacer de acuerdo con las condiciones de calidad e idoneidad del servicio previstas en el Decreto 3466 de 1982, por lo cual cualquier falta en ese sentido hará que a los operadores se les pueden imponer las sanciones previstas es ese mismo Decreto.

Además la validez es que todos los planes,  las promociones  y la publicidad ofrecida a los suscriptores por parte de los operadores debe observar lo dispuesto por ese Decreto respecto a ese tema.

 De acuerdo con lo anterior es clara la  responsabilizada de la CRT en el tema de la regulación del servicio comercial de la telefonía móvil y la SIC en el tema de protección de la cadena comercial que se genera entre consumidores, subscritores y usuarios del mismo.

 Identificadas las responsabilidades a nivel general en el tema de la comercialización o reventa del servicio móvil de telefonía, la evidencia jurídica, nos permite aseverar que el marco regulatorio, para la formalización de planes comerciales de telefonía celular y la normalización de la actividad de los centros micro empresariales de servicios de información y comunicaciones, le corresponde al Ministerio de Comunicaciones, a través de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones; como en su momento  la

misma entidad lo reconoció en la respuesta CRT 007856 del 23 de febrero de 2007 (33) a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Oficina de Defensoría del Espacio Público (34) en el año 2007.

Esta posición en forma reiterada desde el año 2006 lo señaló ADECINTEL en diferentes foros  y específicamente en la propuesta radicada ante el Ministerio de Comunicaciones (35), y en  cuya respuesta se acepta por parte de la señora Ministra, Dra. María del Rosario Guerra (36)

Por otra parte, el mandato contenido en el artículo primero de la Ley 1032 de 2006 (37), en  el concepto de  “autorización de la autoridad” competente, es sinónimo de regulación perentoria a la “autoridad competente”, como es la CRT, para que legisle sobre la materia  del “servicio de telecomunicaciones” y  defina la figura del “contrato del operador”, de tal forma que sea de obligatorio  cumplimiento  para los particulares investidos del servicio público, Comcel, Movistar,  y Tigo, hoy operadores del servicio de telefonía móvil celular. 

En el tema de control, como lo indica la Ley 1106 de 2006 (38), igualmente le corresponde a la Policía Nacional – Dirección de Policía Judicial – Dijin, velar por que “los equipos de comunicaciones que usen el espectro electromagnético” sean de uso personal e intransferibles, salvo que existe “autorización expresa y previa del concesionario”, reglada por la autoridad competente, o sea la CRT.

Como complemento a este DERECHO DE PETICION, conforme al artículo 23 de la constitución Nacional, en el anexo No 1, en 53 folios, aportamos la información más relevante recogida por ADECINTEL, a lo largo de estos últimos 10 años,  sobre el tema, con los diferentes puntos de vista, comunicaciones y resúmenes de estudios sobre la necesidad de regular la comercialización de reventa de los servicios telefonía móvil en el país como medida de protección de un importante grupo importante de trabajadores y microempresarios y para el bienestar de la sociedad colombiana .

Por último, solicitamos formalmente su directo concurso y el del director ejecutivo de la CRT Dr. Cristian Lizcano para poder exponer más ampliamente esta propuesta, sus implicaciones y beneficios y que fueron objeto de debate en las reuniones con  los operadores de Colombia Móvil (TIGO)  y Telefónica Móviles (MOVISTAR), en la Mesa de Trabajo en el mes de enero de 2009.

Cordialmente,

Miguel Ospino Rodríguez

Presidente ADECINTEL

CEL: 3017407949

Copia: Dr. Cristián Lizcano, Director Comisión de Regulación de Telecomunicaciones

 

(1)  Ministerio de Comunicaciones. Oficio 000145 – Registro 282054, 25/03/2009

(2)  ADECINTEL, Comunicado radicado MinComunicaciones 240999, 26 de febrero de 2009

(3)  Ley  37 de 1993, Artículo 1.

(4) Decreto 990 de 1998,  Artículo 3·. Suscriptor. Persona natural o jurídica que ha celebrado un contrato para la prestación del servicio de Telefonía Móvil Celular con un operador de este servicio.

(5) Decreto 990 de 1998,  Artículo 3, Usuario fijo. Usuario o suscriptor del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada, TPBC, que origina una comunicación con destino a una red de Telefonía Móvil Celular. Usuario móvil o usuario celular. Persona natural o jurídica que utiliza el servicio de Telefonía Móvil Celular TMC originando o recibiendo la comunicación en una red celular.

 (6) Ley 42 de 1994,  Artículo 14, define como suscriptor a “a la persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos” y al usuario como” persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde ese se presta, o como receptora del servicio”

 (7) Constitución Política de Colombia de 1991. Título II, capítulo 1 , Artículo 23 . “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución, El legislador podrá reglamentar sus ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

(8) Corte Constitucional – Colombia. Sentencia T-159 de 1993. M .P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.  Sentencia T-377 de 2000. M. P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.  Sentencia T-012 de 1993. M. P. Dr. José Gregorio Hernández.  Sentencia T-572 de 1995. M. P. Dr. Fabio Morón Díaz,

(9) Sentencia T-105 de 1996. M. P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.  Decreto2591 de 1991.

(10) Código Contencioso administrativo. Artículos preámbulo, 5, 6,7 y 8 9, 19, 31, 33, 40, 41, 42, entre otros.

(11) Constitución Política de Colombia artículos 2, , 334, 365, 366, 367, 369 y 370; Ley 472 de 1998., articulo 4 del Decreto Ley No 1900 de 1990.

(12) Palacio Mejía, Hugo. El derecho de los servicios públicos, Información Vigente. Bogotá, editorial Temis, 1995, 7pag.

 (13) El artículo 365 de la Constitución exige al legislador adoptar un régimen jurídico en relación con tales servicios

 (14)  Sentencia T-105 de 1996. M. P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.  Decreto2591 de 1991(7), Sentencia T-617 de 1996. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.  Decreto2591 de 1991.

 (15) Decreto 3466 de 1982.   Por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores, y se dictan otras disposiciones.

 (16)  Se dice por remisión  ya que en diferentes normas se ha llegado a la aplicación del estatuto de los servicios públicos, tal como la Circula Única  No 10 de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio,  Conceptos varios de la SIC,  Decreto 990 de 1998,  Decreto 1842 de 1991 y en las Resoluciones  87 de 1997, No 575 de 2002, 336 de 2000, 489 de 2002 y subsiguientes,  expedida por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones

(17) Para el desarrollo de esta regulación la Comisión investigó los principales problemas que aquejan a los usuarios, consultándolos en 14 foros regionales y contratando un estudio sobre el grado de conocimiento de sus derechos y la percepción de los usuarios frente a la calidad de la atención por parte de los operadores.  Analizados más de 1.200 aportes durante la etapa de discusión del proyecto, la CRT expidió el nuevo marco que regula la relación de los usuarios con sus proveedores, dándoles garantías más efectivas para el adecuado ejercicio de sus derechos.

(18) Decreto 990 de 1998.  El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las establecidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, las Leyes 72 de 1989, 37 de 1993, los Decretos-leyes 1900 y 1901 de 1990, el Decreto 2122 de 1992 y el Decreto 741 de 1993,  expide el reglamento de usuarios del servicio de telefonía Móvil Celular.

(19) articulo 40 Decreto 1130 de 1999. Enciso 2 “Igualmente, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio y en relación con los servicios no domiciliarios de comunicaciones, proteger los derechos de los usuarios, suscriptores y consumidores. Para el efecto la Superintendencia, contará, en adición a las propias con las facultades previstas para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y podrá ordenar modificaciones a los contratos entre operadores y comercializadores de redes u servicios de telecomunicaciones entre estos y sus usuarios, cuando sus estipulaciones sean contrarias al régimen de telecomunicaciones o afecten los derechos de estos últimos”.

 (20) Ley 422 de 1998. Artículo 1o. El Ministerio de Comunicaciones determinará la forma de prestación, la tecnología y clase de servicio telefónico, diferente del servicio de telefonía móvil celular, para utilizar en los planes de expansión en condiciones especiales de los municipios con mayores índices de necesidades básicas insatisfechas, de que trata el artículo 4o. de la Ley 37 de 1993. Para el efecto, el Ministerio de Comunicaciones invertirá los recursos cancelados por los operadores de telefonía móvil celular, en la ejecución del plan de expansión en dichos municipios, directa o indirectamente a través de Telecom, sus teleasociadas y de las empresas telefónicas locales.

 (21) Decreto 1986 de 1998, Artículo 1  “verificada  la violación a las disposiciones sobre relaciones contractuales  entre prestadores del servicio de telefonía móvil celular y sus usuarios, establecidas en el presente decreto, el Ministerio de Comunicaciones podrá imponer las sanciones consagradas  en el decreto 1900 de 1990 y las normas  que las modifiquen, adicionen o sustituyan”. En la misma norma, se señala que la “Superintendencia de Industria y Comercio continuará con la competencia para investigar y proceder según lo señalado en la ley respecto de las contravenciones a las disposiciones sobre protección al consumidor, las conductas constitutivas de la competencia desleal y sobre las promociones de la y prácticas comerciales restrictivas

 (22) Decreto No 1130 de 1999. (junio 29) Por el cual se reestructuran el Ministerio de Comunicaciones y algunos organismos del sector administrativo de comunicaciones y se trasladan funciones a otras entidades públicas. Modificado por el Decreto 555 de 2009, Decreto 1620 de 2003, Decreto 2324 de 2000 y Decreto 2539 de 1999.  Artículo 40, Decreto 1130 de 1999. La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad de inspección, vigilancia y control de los regímenes de libre y leal competencia en los servicios no domiciliarios de comunicaciones

(23) En la Resolución 570 de 2002 de la CRT, se establecen sus estatutos y reglamento y funciones de la Comisión,  como órgano delegatario del Presidente de la República;  es el órgano regulador en el tema de la Telefonía móvil de acuerdo al artículo 370 de la constitución nacional, y en particular los temas de tarifas del servicio, la relación contractual entre suscriptor y operador, clausulas contractuales, etc.”Las comisiones pueden para ello, señalar reglas abstractas, sujetas la ley; imponer obligaciones unilaterales a los particulares en asuntos concretos de naturaleza excepcional; y cumplir funciones de órganos de consulta de los particulares y el gobierno”…

(24) Decreto 1130 de 1999 “Artículo 37. Funciones de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Las siguientes funciones conferidas a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones por la Ley 142 de 1994 y el Decreto 2167 de 1992, o atribuidas al Ministerio de Comunicaciones por normas anteriores al presente Decreto, serán ejercidas por dicha Comisión:

 1. Promover y regular la libre competencia para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, regular los monopolios cuando la competencia no sea de hecho posible, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, mediante regulaciones de carácter general o medidas particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales según la posición de las empresas en el mercado, de conformidad con la ley.

 3. Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con el régimen de competencia; el régimen tarifario; el régimen de interconexión; el régimen de protección al usuario; los parámetros de calidad de los servicios; criterios de eficiencia e indicadores de control de resultados; y las inherentes a la resolución de conflictos entre operadores y comercializadores de redes y servicios.

 23. Poner en conocimiento de las Superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios y de Industria y Comercio, según su respectiva competencia, conductas que constituyan eventual infracción contra el régimen de telecomunicaciones o de competencia.

 (25) Ley 555 de 2000 Artículo 15. Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.  La CRT será el  organismo competente para promover y regular la competencia entre los operadores de los Servicios de Comunicación Personal, PCS, entre sí y con otros operadores de servicios públicos de telecomunicaciones, fijar el régimen tarifario, regular el régimen de interconexión, ordenar servidumbres en los casos que sea necesario, expedir el régimen de protección al usuario y dirimir en vía administrativa los conflictos que se presenten entre los operadores de PCS, o entre estos y otros operadores de servicios de telecomunicaciones.   La CRT expedirá las normas que regulan la interconexión teniendo en cuenta los principios de neutralidad y acceso igual-cargo igual.

(26) Ley 555 de 2000, Artículo 17. Régimen de protección al usuario. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones fijará el régimen de derechos y  obligaciones de los usuarios de los servicios de PCS y establecerá el reglamento de protección a los mismos, en el cual reconocerá a estos:

1. Derecho a la libre elección del operador.

2. Derecho a la medición.

3. Derecho a la protección.

4. Derecho a reclamar al operador.

5. Derecho de acudir a las autoridades.

6. Derecho a la información.

7. Derecho a la protección contra la publicidad indebida.

8. Derecho contra conductas restrictivas o abusivas.

9. Derecho a trato equitativo.

10. Derecho a la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones.

Parágrafo 1°. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones reglamentará cláusulas de protección a los usuarios en los  contratos para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles considerando entre otras, las siguientes reglas:

a) Só1o se establecerán períodos de permanencia mínima, sanciones o multas por terminación anticipada, o prórroga automática, cuando el usuario en anexo independiente al contrato, acepte expresamente tal condición;

b) Los operadores deberán presentar alternativas de suscripción al usuario que no le impongan un determinado período de permanencia;

c) Los operadores no podrán fijar cláusulas que limiten o excluyan las responsabilidades que correspondan a los operadores.

d) Los operadores no tendrán facultades para terminar los contratos por razones distintas al incumplimiento del usuario, a causas legales, fuerza mayor o caso fortuito.

Parágrafo 2°. Los operadores de todos los servicios móviles de telecomunicaciones sólo podrán almacenar y registrar datos que, según las normas o pautas que fije la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, y de conformidad con el artículo 15 de la Constitución, se consideren estrictamente relevantes para evaluar el perfil económico de sus titulares. Los datos personales que recojan y sean objeto de tratamiento deben ser pertinentes, exactos y actualizados de modo que correspondan verazmente a la situación real de su titular. Cualquier daño causado con violación de esta norma dará lugar a la indemnización de perjuicios según las reglas civiles de la responsabilidad, sin perjuicio de la procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho fundamental a la intimidad personal.

(27). Sus funciones originales se consagran en el decreto 2153 de 1992 y se encuentran entre otras, “el velar por el cumplimiento de la normas de competencia desleal y prácticas restrictivas de la competencia  y por la observancia de la protección del consumidor”

 (28) Corte Constitucional, Sentencia C-923 de 1999.

 (29) El decreto 1122 de 1999, en su artículo 84 contempló la posibilidad de que se apliquen las normas sobre servicios públicos domiciliarios en la materia del servicio de telefonía móvil celular. Al ser declarado inexequible  se expide el Decreto 266 de 2000, que en artículo 45,  consagra la remisión a la Ley 142 de 1994, el cual  igualmente es declarado inexequible por la Corte Constitucional.  En 1999 con la expedición del Decreto 1130 en su artículo 40 se establece que la Superintendencia de Industria y Comercio estará en la obligación de proteger los derechos de usuarios y consumidores de los servicios no domiciliarios de comunicaciones.

 Expresamente en su artículo 40 del decreto 1130 se dispone que “corresponde  a la Superintendencia de Industria y Comercio y en relación con los servicios no domiciliarios de comunicaciones, proteger los derechos de los usuarios, suscriptores y consumidores.  Para el efecto la Superintendencia contara en adición a las propias, con las facultades previstas para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y podrá ordenar modificación a los contratos entre los operadores y comercializadores de redes y servicios de telecomunicaciones o entre estos y sus usuarios, cuando sus estipulaciones sean contrarias al régimen de telecomunicaciones o afecten los derechos de estos últimos”.

  (30) Este conjunto de normas preexistentes de la SIC se hacen expresas a través del decreto 1130 de 1999.

 (31) Consejo de estado, sección Primera, sala de lo contencioso administrativo del 16 de febrero de 2001 CO Dra. Olga Inés Navarrete.,  Consejo de estado, sección Primera, expediente No 2002 – 00176 CP. Jaime Andrés Plazas.

(32) La circular Externa No 3 de 2000,  afirma que de la lectura del Artículo 40 del decreto 1133, se debe entender  que se aplica el capítulo VII del título VIII de la ley 142 para las peticiones, quejas y reclamos en la telefonía celular.

 (33) Concepto respuesta CRT 007856 del 23 de febrero de 2007, sobre la comercialización de minutos de celular en espacio público.

(34) Respuesta 110-OAJ/2007EE2497 del 13-03-07. Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento administrativo de Espacio Público, al señor Carlos Sánchez, CC No 79.795.484.

 (35) ADECINTEL, Comunicación Interna No radicación 127747 del 25 de octubre de 2006 al Ministerio de Comunicaciones de Colombia.

 (36)  Respuesta MinComunicaciones a ADECINTEL.  radicado 127747, Registro 136430 -25/10/2006. el tema de la reventa ”es un problema de alcance exclusivamente contractual entre el usuario y el operador móvil correspondiente”.

(37) Ley 1032 de 2006. Artículo 1°. El artículo 257 del Código Penal quedará así:  Artículo 257. De la prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de telecomunicaciones. El que, sin la correspondiente autorización de la autoridad competente, preste, acceda o use servicio de telefonía móvil, con ánimo de lucro, mediante copia o reproducción de señales de identificación de equipos terminales de estos servicios, o sus derivaciones, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años y en multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 En las mismas penas incurrirá el que, sin la correspondiente autorización, preste, comercialice, acceda o use el servicio de telefonía pública básica local, local extendida, o de larga distancia, con ánimo de lucro. Iguales penas se impondrán a quien, sin la correspondiente autorización, acceda, preste, comercialice, acceda o use red, o cualquiera de los servicios de telecomunicaciones definidos en las normas vigentes.

 Parágrafo 1°. No incurrirán en las conductas tipificadas en el presente artículo quienes en virtud de un contrato con un operador autorizado comercialicen servicios de telecomunicaciones.

 (38) LEY 1106 DE 2006, (Diciembre 22), por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones. Artículo 3°. El artículo 32 de la Ley 782 de 2002, quedará así: Todos los equipos de comunicaciones que utilizan el espectro electromagnético son de uso personal e intransferible, excepto los equipos receptores de radiodifusión sonora y televisión. Únicamente los propietarios de equipos móviles podrán transferir su uso transitorio y deberán informar sobre el mismo a las autoridades que así lo requieran.

 Para la transferencia de derechos de uso permanente de los equipos de comunicación que utilizan el espectro electromagnético, se requiere la autorización expresa y previa del concesionario o licenciatario que ofrecen el servicio, los suscriptores de servicios de comunicación de que trata esta ley diligenciarán el formato que para tal efecto diseñe la Dirección de Policía Judicial los cuales deberán permanecer en los archivos de los concesionarios y licenciatarios.

 Los concesionarios y licenciatarios que presten los servicios de comunicaciones contemplados en este artículo suministrarán a la Policía Nacional-Dirección de Policía Judicial-Dijín, los datos de suscriptores y equipos en medio magnético o en la forma que se determine, conforme a la reglamentación que este organismo establezca.

 

 

CARTA ABIERTA Parte I

 CARTA ABIERTA A LA MINISTRA DE COMUNICACIONES Parte I

REGULACION DE COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL

Bogotá D.C., Febrero 9 de 2009.

Señora

MINISTRA DE COMUNICACIONES

Dra. María del Rosario Guerra

Ciudad

Estimada Doctora María del Rosario.

Desde el año 2006, le hemos insistido al Estado Colombiano y sociedad en su conjunto, sobre la necesidad de revisar e intervenir el modelo contractual de la Telefonía Móvil (TM) vigente en el país y de regular en particular el proceso de comercialización y la reventa de minutos móviles (1) entre otros aspectos.

En específico, insistimos en su momento sobre las evidentes prácticas predatorias de los Operadores Móviles (OP), que en su afán de copar mercados con los planes  personales y  corporativos sin el seguimiento suficiente del intermediario, el solicitante y el destinatario final, propiciaron en parte, las causas estructurales del desequilibrio generalizado del segmento, el afloramiento de la posición dominante de un operador  y la destrucción sistemática de valor como efecto de la aplicación de tarifas al minorista On/net y Off/net  intencionalmente inconsecuentes.

El  Gobierno Nacional a través suyo se comprometió al respecto ante los voceros del gremio y los medios de comunicación, a regular Ex ante el tema (2).

Aun a pesar de la anterior y su compromiso directo con ADECINTEL de estudiar nuestros planteamientos, en cuya respuesta (3) se ratifica que el tema de la reventa ”es un problema de alcance exclusivamente contractual entre el usuario y el operador móvil correspondiente”, vemos con preocupación el nulo  interés por parte de los Operadores Móviles de comprometerse con el diseño de alternativas y la intervención directa en la colocación  masiva de planes.    En la Mesa de Trabajo del Ministerio, se han identificado unos vacíos regulatorios y jurídicos, tanto así que en el  proyecto de Ley de TIC (4), propusimos unos  instrumento que a nivel legislativo le puede dejar abierta la puerta al Ministerio  para la reglamentación de la comercialización de los servicios de comunicaciones.  Mientras es aprobada esta iniciativa es prudente atender al sector, con los instrumentos disponibles. 

La pauperización entre los revendedores y las prácticas de inclemente sobresaturación de los mercados realizada por COMCEL, MOVISTAR y TIGO, notificada a su despacho el pasado 12 de diciembre de 2008 (5), donde abordamos el tema de la responsabilidad social del empresariado de los móviles, no solo desde el punto de vista de “la filantropía  sino de acciones claras que permitan la sostenibilidad de la cadena empresarial sin destruir valor” (6)  y la coyuntura del borrador del Proyecto de Resolución,  “Por la cual se definen los mercados relevantes candidatos para regulación ex ante y se expiden otras disposiciones”, por parte de la CRT, nos obligan a reiterar nuestro interés en  agilizar lo debatido en la Mesa de Trabajo, con prioridad en los puntos definidos en el acta  del día 2 de diciembre de 2008 (7).

 A nivel gremial ADECINTEL, para el efecto quiere dejar oficialmente registradas unas cifras de la situación del mercado de los móviles, contrastables con el diagnóstico realizada por la CRT (8), cuyos cálculos demuestran el nivel de subsistencia de la mayoría de los comercializadores, las sobre utilidades de los intermediarios y la relevancia en la canasta de ingresos de los proveedores de servicios de telefonía móvil provenientes de la actividad comercial desarrolla por los establecimientos informales objetivo (cabinas, cafés Internet y afines) y los informales subjetivos (mixturas, vendedores ambulantes y estacionarios).    

  CIFRAS DEL SECTOR 

No de establecimiento directamente dedicados a la actividad:                        36.236       (9)

No de establecimientos afines dedicados a la actividad:                                   34.342     (10)

No de personas y establecimientos informales subjetivos:                                  12.500     (11)

TOTAL puntos de comercialización minorista de minutos a fijos y móviles:      83.078     (12)

COBERTURA POR MUNICIPIOS:      COMCEL: 1097,      MOVISTAR 861 y TIGO  627 (13)

No TOTAL DE CELULARES:                       40.739.876    (14)

CELULARES  POR OPERADOR: 

Comcel:                           27.0 millones de abonados aprox.

Telefónica-Movistar:          9,9 millones  aproximadamente.

Tigo:                                 3,7 millones de usuarios aprox.

“La Propuesta regulatoria para la definición de mercados relevantes y posición  dominante en mercados convergentes de telecomunicaciones en Colombia”, puesto a  consideración del sector y elaborada a partir de los análisis de  sustituibilidad de la demanda y de competencia en los mercados relevantes de servicios de telecomunicaciones en Colombia,  no desconoce el anterior escenario y realidad, propiciado a nuestro juicio por los operadores móviles en su afán de masificación del mercado.  Como resultado cierto, una parte importante de trabajadores del sector de reventa de minutos y el conjunto de consumidores colombianos  han visto reducir su bienestar, unos por destrucción de valor e ínfimos márgenes de utilidad a niveles de subsistencia producto de las prácticas predatorias y otros por la precariedad o pauperización en  la prestación de este servicio esencial. 

En síntesis y a nuestro juicio, la  propuesta de mercados relevantes inicialmente no se ha planteado como enfocada a redistribuir la participación de los operadores, sino a superar las barreras que impiden la libre competencia entre ellos. Para el caso de la terminación de llamadas móviles la barrera encontrada es la de una diferencia entre los precios on net y off net, no suficientemente justificada en costos, pero de facto puede terminar equilibrando cuotas de mercado y exponiéndonos a una mayor masificación de planes, ya no solo del operador dominante sino de los dos restantes, que a través de los intermediarios termina en las cadenas finales de comercialización de minutos. 

En tal sentido, abogamos por que el Estado garantice el bienestar de una parte muy significativa de los  83.078 reproductores de  TIC’s. (15)

Abogamos por la intervención  del Estado en forma ágil a una necesidad reconocida desde el Mismo despacho del Ministerio. (16)

Abogamos para que en los procesos de corrección del mercado se reconozca a un sector competitivo que ha contribuido a la democratización del acceso a las comunicaciones y expansión del conocimiento. (17)

Abogamos por que se garantice una justa competencia entre los diferentes actores del segmento y la inclusión de los comercializadores minoristas como parte vital y estructural  del servicio público no domiciliario de telefonía móvil. (18)

Abogamos por que a los usuarios que atendemos diariamente, se les puede prestar el servicio en forma oportuna, integral, con calidad, bajo las mejores condiciones de higiene y   actualidad, al costo más equilibrado y accesible posible. (19)

Finalmente, en concreto nuestra  propuesta, considera  esencial que el Ministerio y la CRT, amplíen el margen de opciones para equilibrar el sector, no contemplando únicamente como salida,  la nivelación de los operadores que pueden estar hoy en desventaja frente a operador Dominante, lo cual a nuestro juicio empeoraría la situación de nuestro gremio, que se vería bombardeada no solo por el operador dominante, sin por la totalidad de los mismos, al tener menos barreras para frenar la picada en los precios base. 

Reiteramos la necesidad de establecer tres tipos de planes  con sus respectivos regímenes, que garanticen que el consumidor final libremente escoja su consumo: verdaderos planes personales para el consumo personal; verdaderos planes corporativos, para grupos empresariales y verdaderos planes comerciales para suplir el segmente comercial, aunado este último a una política de cupos, regulación en telecomunicaciones para su aplicación por parte de las autoridades municipales  en el proceso de ocupación del espacio público por los revendedores  y la determinación o acuerdo de voluntades con la fijación  precios mínimo al mayorista comercial y al público, como barrera para frenar las prácticas predatorias actuales. 

Consientes de nuestra responsabilidad, en asocio con los gremios que venimos trabajando en la mesa, en particular ASOMICROTEL, solicitamos formalmente su directo concurso y el del director ejecutivo de la CRT Dr, Cristiam Lizcano para poder exponer mas ampliamente esta propuesta, sus implicaciones y beneficios y que fueron objeto de debate en las reuniones con  los operadores de Colombia Móvil (TIGO)  y Telefónica Móviles (MOVISTAR), en la Mesa de Trabajo en el mes de enero de 2009. 

Cordialmente

Miguel Ospino Rodríguez

Presidente ADECINTEL

CEL:  3017407949

Copia: Dr. Cristián Lizcano

 Director Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.

(1)    Publicación ADECINTEL “Aun estamos a tiempo para la reventa de tiempo a tiempo”

(2)    Radio Santa fe , Se REGLAMENTARÁ VENTA DE MINUTOS CELULAR / 8:55 a.m. , Agosto 14, 2007 “La venta minutos celular en las calles del país será regulada por el Gobierno.   Así lo afirmó la ministra de Comunicaciones, María Rosario Guerra, al indicar que éste es uno de los temas más importantes y debatidos por su cartera y los operadores de telefonía celular, en respuesta al pronunciamiento del Tribunal de Cundinamarca que pide estudiar esta problemática.  Agregó la actividad está permitida, siempre y cuando exista un contrato entre las empresas de celular y un tercero para comercializar minutos, como en las cabinas telefónicas. Indicó que hoy lo ilegal es la actividad en la calle.  La Ministra le planteo a las operadoras de celulares dar unas condiciones favorables de minutos para las que están organizadas legalmente, como las cabinas, para que puedan competir legalmente , ya que en la calle se consiguen minutos a 150 pesos y las cabinas no los pueden ofrecer a menos de 300 pesos”

(3)    Respuesta MinComunicaciones a ADECINTEL.  radicado 127747, Registro 136430 -25/10/2006.

 (4)    ADECINTEL, Propuesta modificación Ley de TIC’s, octubre de 2008.

(5)    ADECINTEL. Radicado No 230483 Secretaria Privada (Sin respuesta oficial a la fecha).

(6)    Ibid.

(7)    Informe Reunión Especial MESA DE TRABAJO: MinComunicaciones Gremios.  2 de diciembre de 2008.

(8)    La CRT plantea que “(…) No obstante [los espectaculares resultados en menores precios móviles y penetración de servicios móviles], la evidencia analizada también indica que dicha evolución del mercado móvil se ha dado en un ambiente de  competencia imperfecta con participaciones de mercado creciente por parte del operador dominante y con evidencia de discriminación de tarifas. 

(9)    DANE-ADECINTEL-Corporación para el desarrollo de la Microempresa. 2005-2008.

(10)  Ibid

(11)  ADECINTEL Trabajo de campo - 2008.

(12)   Ficha Técnica  ADECINTEL: Margen de error del 10% (por exceso o por defecto)

(13)   Página Web operadores. 2007

(14)   Superintendencia de Industria y Comercio SIC, Diciembre de  2008.

(15)  Coordinación de regulación CRT, Diciembre de 2008.  …“La regulación ex ante es una herramienta primordial de intervención estatal en la economía, de la cual es parte el sector de telecomunicaciones, y su finalidad ha de ser la de garantizar condiciones homogéneas y económicamente viables para el normal desarrollo de la competencia efectiva en aquellos segmentos del mercado, en los que, dados sus problemas de competencia, se justifica cierto grado de intervención. Precisamente, la aplicación de la regulación ex ante a cargo de la CRT, tiene entre sus fines7, la corrección de las fallas de mercado que, en términos económicos, indican aquellas situaciones en las cuales la libre interacción entre oferta y demanda no permite lograr la maximización del bienestar de la sociedad. (Subrayado nuestro).

 (16)   Ibid. ..la Corte Constitucional ha expresado que: “…la intervención estatal se justifica cuando el mercado carece de condiciones de competitividad o para proteger al mercado de quienes realizan acciones orientadas a romper el equilibrio que lo rige, fenómenos ambos que obedecen al concepto de "fallas del mercado".   En efecto, el análisis de este fenómeno permite concluir que la regulación del mercado por parte de los órganos respectivos, es uno de los mecanismos de los que dispone el Estado para proporcionar respuestas ágiles a las necesidades de sectores que, como el de los servicios públicos.

(17)  Coordinación de regulación CRT, Diciembre de 2008.  … La corrección del mercado por medio de la regulación es una tarea entre cuyas funciones –además de perseguir condiciones básicas de equidad y solidaridad como ya se analizó- se encuentra la de propender por unas condiciones adecuadas de competitividad”.

 (18)  Ibid ….En consecuencia, los servicios de telecomunicaciones siguen siendo tales, y dependiendo del análisis de las condiciones de competencia, pueden ser parte o no de un solo mercado, manteniendo sus características técnicas y funcionales que los diferencian y que justifican su  clasificación legal, así como la vigencia del régimen que regula su prestación. Es decir, la regulación por mercados relevantes se encuentra ajustada al marco legal vigente en materia de  telecomunicaciones, toda vez que la misma, como antes se señaló, no implica la modificación  del régimen legal por servicios, ni el establecimiento de nuevos servicios de  telecomunicaciones, sino la revisión de las condiciones de competencia del mercado como una  realidad económica, lo que conlleva el análisis de la posición de las empresas en dicho  mercado, con el fin de proponer reglas diferenciales, de ser ello necesario, en orden a la  preservación de la libre competencia.

(19)  Ibid ….En tal sentido, el proyecto regulatorio de mercados relevantes estipula una serie de medidas,  dando efectivo cumplimiento al mandato del artículo 18 de la misma norma reglamentaria, según el cual la CRT debe “…adecuar el actual marco regulatorio aplicable a todas las redes y al mercado de los servicios de telecomunicaciones, en ambiente de convergencia tecnológica, de tal manera que se oriente a una regulación por mercados relevantes, acorde con las necesidades de los usuarios,” .

TLC: Celulares y larga distancia

http://www.larepublica.com.co/tlc/noticia1.html

 

Leonardo Gómez Jiménez

 

La mesa de comunicaciones en el TLC ha sido una de las de mayores avances en la negociación en las rondas que hasta ahora se han cumplido. Sin embargo, algunos empresarios del "cuarto de al lado", han manifestado preocupación por la salida de María Paula Duque, quien hasta la semana pasada se desempeñó como viceministra de Comunicaciones y negociadora de telecomunicaciones en el Tratado, pues dicen que su liderazgo fue clave para los avances logrados. A partir de esta semana, Germán González, asumió como nuevo viceministro, en reemplazo de Duque y él tendrá a su cargo los temas de negociación pendientes para las próximas dos rondas de este año.

 

Quedan entonces por definir los temas de telefonía móvil, larga distancia y los asuntos clave de telefonía rural, pues esta tiene condiciones especiales para asegurar su permanencia, cobertura y bajos precios.

 

En lo referente a los celulares, el Tratado abarca dos artículos que lo afectan. Uno que dice que los acuerdos son aplicables a todos los operadores y que en el pie de página aclara que es a todos menos a los móviles. Como en el tratado se contempla la reventa de minutos que haría que los operadores norteamericanos ofrezcan minutos a los operadores colombianos, para ayudar a que las empresas nacionales puedan competir en Estados Unidos, Colombia ha presentado una estrategia ofensiva en este punto, con lo que se busca además que las tarjetas prepago de ETB, Orbitel y Telecom que se venden en el exterior, puedan también incluir minutos a cualquier destino además de Colombia. Hasta el momento, la reventa de minutos es voluntaria, mientras que en el tratado sería obligatoria.

 

Existe otro artículo en el que se mencionan las obligaciones para operadores dominantes, que unas ya están en OMC y las salvaguardas competitivas que buscan que no haya discriminación. Aquí de nuevo se quiere descartar a los operadores y lo que el gobierno busca es que las empresas colombianas puedan hacer exigencias a los operadores norteamericanos. José Fernando Bautista, presidente de la Asociación de la Industria Celular de Colombia, Asocel, explicó que mientras el gobierno colombiano pide la inclusión de los operadores móviles en el capítulo de operador dominante, Estados Unidos considera que se debe excluir, y a esta idea se adhieren las tres empresas de telefonía móvil del país. "No es fácil establecer un actor dominante en un mercado en el que compiten tres operadores con tarifas diferentes. El mercado es el mejor regulador en este caso" dijo Bautista y agregó que los operadores de telefonía fija insisten en igualdad de trato para todos los operadores, desconociendo las diferencias.

 

No existe un acuerdo andino unificado. Ecuador no se ha casado con ninguna postura y Perú se ha mostrado en desacuerdo con la inclusión de los móviles en ese capítulo.

Bautista advierte por el error cometido en el caso de Marruecos, en el que las posturas eran iguales a lo que ocurre en Colombia. Allí se incluyó en el acuerdo a los operadores norteamericanos y los marroquíes quedaron por fuera. El directivo explicó que si esto llega a ocurrir en el país, Estados Unidos podría hacer exigencias y Colombia no. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos no ha cedido en ningún TLC en el tema de celulares.

 

Otro punto que se busca es la desagregación de redes, que daría paso a operadores virtuales que no necesitarían de una infraestructura, pues los operadores que ya la tienen en el país, tendrían que arrendarlas a los nuevos actores del mercado.

 

Según Bautista, Estados Unidos no ha mostrado ningún interés en entrar al país con otro operador telefónico, muestra de esto es que en la anterior licitación para PCS nadie se presentó y la licencia se le otorgó a Ola.

 

Larga distancia abierta

 

El TLC dejaría abierto el mercado de larga distancia, bajarían los precios y se afectarían las inversiones a largo plazo que iniciaron sobre todo los operadores ETB y Orbitel, según Bautista. El problema de ilegalidad en llamadas desde y hacia el exterior, ha sido una petición clara que Colombia ha manifestado a Estados Unidos, para que los operadores norteamericanos solo le presten estos servicios a los tres operadores nacionales autorizados, pero los norteamericanos insisten en que ese problema se debe al caso de licenciamiento en Colombia.

 

La anterior negociadora había dicho que era importante desmitificar el TLC porque lo único que trae en comunicaciones es un conjunto de disciplinas regulatorias que le dan seguridad en las reglas de juego buscando libre competencia e inversión extranjera.

Telecom contrató un estudio de tarifas en la región, de donde se concluyó que Colombia tiene la tarifa local más barata de América Latina y la segunda tarifa más barata de larga distancia. Además, el país tiene 3 cables de fibra óptica que atraviesan el país, 4 cables submarinos, más de 400 operadores de valor agregado (transmisión de datos), 3 operadores de larga distancia, 34 operadores de telefonía local, siendo el único país de la región con una verdadera competencia. Eso deja ver una ventaja competitiva en infraestructura, para hacer actividades off - shore, que es poner el soporte de una empresa en software en un país lejano del sitio de origen de la multinacional. En Colombia un puesto de call center se vende 75 por ciento por debajo de Estados Unidos, lo que significa que la política nacional de promover la inversión en infraestructura, lleva a que no solo se presente la entrada de operadores sino de que se instalen e inviertan en Colombia, como el caso de Unisys, Corel o el Citibank que manejan sus call center de toda la región desde Colombia.

 

Los avances:  Privatización e información

 

En la ronda de Washington el mes pasado, se logró el mayor avance. Estados Unidos retiró por primera vez en una negociación el capítulo de privatización de operadores, pues Colombia expuso que el mercado de larga distancia ya está abierto, lo que implica que la privatización no es necesaria porque no hay monopolio. También hubo avances en el tema de servicios de información, pues al principio no estaba claro que incluía este término. Dentro de la negociación se acordó que cada parte puede definir lo que es servicio de información y que la regulación se puede dar cuando haya una práctica que atente contra la libre competencia y así defender al usuario.

 

Celulares y larga distancia siguen sin un acuerdo final

Cabinas y Cafés: 12 años construyendo TIC’s

Cabinas y Cafés: 12 años construyendo TIC’s

 

Desde su aparición comercial en el escenario urbano Colombiano, las denominadas Cabinas Telefónicas y Cafés Internet legalmente establecidas y organizadas como microempresas de tecnología de punta, han considerado necesario la intervención por parte del Ministerio y Comisión de Regulación de Comunicaciones, en razón a la estela de informalidad inherentes a los vendedores ambulantes y los establecimientos similares ubicados sobre la franja gris de la legislación.

A nivel comercial, el gremio ha estado expuesto a los vaivenes de una oferta y demanda indiscriminada. Su desarticulación de los procesos urbanísticos planificados y esquemas financieros, ha conducida a procesos dramáticos de destrucción de valor, aumento de cartera de dudoso recaudo para los operadores y quiebras empresariales importantes.

Desde el punto de vista estético, en su gran mayoría, su resultado ha sido la suma de diseños autodidactas y productos del eclecticismo de las actividades y servicios que se prestan.

Contrasta lo anterior con el importante valor agregado que han retribuido a la sociedad global en los procesos expansivos de las comunicaciones y la Internet, la alta generación de empleo calificado y no calificado y la contribución tributaria directa que implica por consumo final.

La nueva Sociedad del Conocimiento, que evoluciona a un ritmo impresionante en todo el planeta, en la última década ha dejado en Colombia procesos inacabados en estos establecimientos comerciales, que requieren ser direccionados para beneficio de la comunidad. Es indispensable abordar la estructuración legal y empresarial con conocimiento e investigación de larga duración.

A modo de ejemplo algunas de estas necesarias líneas de investigación son:

1. Marco normativo y regulador de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones para los cafés y cabinas.

2. Viabilidad empresarial del sector Cabinas Telefónicas e Internet Público en Colombia.

3. Manejo de bases de datos empresariales: Tienda virtual de bienes y servicios desde los telecentros.
4. Inserción del sector Cabinas Telefónicas e Internet Público en el Plan Nacional de TIC de Colombia.
5. Aporte, reconversión tecnológica y actualización del sector microempresarial de punta.

6. Rediseño visual y funcional de las Cabinas Telefónicas y Centros Operativos de acceso a Internet.

 

En este segmento microempresarial se han realizado estudios aislados, entre los que sobresalen los realizados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Asociaciones de Propietarios y recientemente el efectuado por la Universidad Externado de Colombia. El nivel de conocimiento, experiencia acumulada y documentos disponibles, son necesarios para focalizar la labor de los telecentros privados como grandes aliados del Estado colombiano para disminuir la brecha digital, impulsar el Internet sano y profundizar la democratización del acceso a la información, las comunicaciones y el conocimiento.

Corresponde al Ministerio de Comunicaciones y de Comercio, Colciencias, La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y el Congreso de la República, en el proceso de tránsito de ley del Plan Nacional de TIC, y otras leyes conexas, junto a la masa organizada de los actuales microempresarios de punta, la complementación de los estudios, la implementación de estrategias y la determinación de indicadores de seguimiento. Lo anterior con el fin de disminuir los impactos negativos ante el abuso en los puntos, espacios y redes virtuales; potenciar lo impactos positivos, y morigerar los neutros.

Afrontar con información oportuna las amenazas, y asumir los retos, incertidumbres, y especialmente oportunidades que plantea el futuro de las tecnologías de la informática y las comunicaciones con conocimiento, es necesario para la maximización de los recursos públicos y privados.

Las Cabinas Telefónicas y Cafés Internet, son el medio mas inmediato, económico, actualizado y generalizante para el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el País. Han incorporado adicionalmente bienes y servicios como la provisión de intangibles por medios virtuales, acceso a audio y video especializado, banca electrónica, impresión de alta definición, servicios de tercerización, outsourcing empresarial y soporte técnico computacional, en redes y de accesibilidad, entre otros, necesarios en la sociedad de consumo de hoy.

El Estado como un gesto de reciprocidad por los12 años de trabajo haciendo TIC’s de los Cafés y Cabinas, debe fomentar proyectos a través de recursos no reembolsables que impliquen la masificación y extensión de tecnología de punta desde estas Mipymes, hacia los grupos sociales, académicos y empresariales de Colombia, contribuyendo a la formalización y organización empresarial, a la practica de la cofinanciación, y la aplicación de palancas aceleradoras y gestoras de resultados.

MIGUEL OSPINO RODRIGUEZ

Presidente ADECINTEL

 

Microempresas de Punta en Colombia

Microempresas de Punta en Colombia

 

Las últimas noticias y acontecimientos que gravitan en torno al Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia, constituyen factores de amenazas y oportunidades para los diferentes actores. En este sentido es conveniente poner en discusión el papel que en forma discreta, dispersa e inconexa de las políticas del Estado han desarrollado en el país los denominados cibercafés, telecentros, locutorios o como comúnmente se les denomina: Cabinas Telefónicas y Cafés Internet.

En el estudio “La Microempresa de Punta en Colombia”, publicado el 18 de mayo de 2008, por la Universidad Externado de Colombia, se plantea que para estos establecimientos “se requiere de una legislación especial que permita la estructuración legal sin carga impositiva, y de asistencia técnica y capacitación integral en los temas financieros, tecnológicos, jurídicos y administrativos para permitirle al microempresario su desarrollo, crecimiento y fortalecimiento”. Esta recomendación del estudio (se intuye), tiene su sustento en la creciente participación en el PIB Nacional, visibilidad en el contexto económico, participación como fuente de generación de empleo calificado y no calificado, y especialmente al carácter masificador de impuestos, multiplicador de capital y generador de valor agregado que produce.

En el país y mundo globalizado, el empresariado de los telecentros privados, ha cubierto una parte significativa de la demanda de comunicación, información y servicios conexos sin distingos de estratos, volúmenes poblaciones o espacios geográficos. Se puede decir que desde el barrio de mayor estrato, al más mísero y desde la población más metrópoli, hasta el conglomerado humano más ínfimo y remoto, la intercomunicación global es una realidad por la intuición privada para facilitar el servicio, soportado sobre el avance tecnológico de las comunicaciones y el Internet. No se desconoce en ningún momento la necesidad de avanzar en mejorar la calidad en la prestación de los servicios. Igualmente se reconoce la labor subsidiaria realizada por el estado y la labor académica expansiva de las instituciones educativas, entre otras.

En el contexto de proveedor de información y facilitador del acceso al conocimiento, es invaluable la labor pedagógica que concentran las microempresas de punta, dadas las características del grupo humano vinculado y vinculante, la recurrencia de temáticas y las fases de acumulación de experiencia y formación. Aquí, los telecentros no son ajenos al peligro que implica el abuso de las redes, la informalidad asociada y los roles que encierre el cambio tecnológico acelerado frente a una inapropiada cultura ciudadana.

Su vigencia empresarial en el corto y mediano plazo, es factible, a pesar de la tendencia a su apropiación masiva en el sector residencial, empresarial e institucional. Como ventajas en el país se tiene la alta rotación de la población, los niveles limitados de ingresos de la mayoría de las personas, la necesidad cultural de socializar, la propia dinámica del empresariado flotante, la volatilidad del dinámico cambio tecnológico y en especial a su propia razón de ser como innovación urbana.

En la tercerización, bancarización, proximidad e inmediatez, están sus fortalezas para calar culturalmente en la generación de ciudadanos dependientes de la vida virtual y conectada, y los que aún no lo son.

Las amenazas nacen de su propio seno por su carácter individualista, el populismo que genera como tema de moda, el Estado mismo y su fragilidad financiera.

Doce años haciendo TIC’s, son razones de fondo para su razón de ser en el devenir Colombiano, mas no las suficientes que le garanticen su supervivencia.

Miguel Ospino Rodríguez

Presidente ADECINTEL

Lista reforma tributaria territorial

http://www.actualicese.com/noticias/la-republica-lista-reforma-tributaria-territorial/

La República:  Lista reforma tributaria territorial

Por: La República,  Publicado: 23 de Enero de 2009

Bogotá. Después de 8 meses de estudios técnicos y consultas jurídicas, la Federación Nacional de   Departamentos redactó el texto final de su propuesta de reforma con la que las regiones aspiran recaudar hasta $2,9 billones cada año, por concepto de impuestos.  El documento, que ya está en manos del Ministerio de Hacienda, contempla un código único departamental, con el que se unifican criterios para el recaudo tributario por parte de las gobernaciones, busca modernizar los mecanismos de cobro y armoniza la política fiscal de las diferentes regiones.

Una comisión de expertos tributaristas en cabeza del ex Contralor General, Antonio Hernández Gamarra, fue la encargada de redactar el texto que examina por estos días el equipo económico del Gobierno Nacional, antes de ser tramitado en las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes.

Las modificaciones que se contemplan en la iniciativa introducen cambios en los gravámenes a productos y servicios, entre los que figuran los cigarrillos y licores, loterías, rodamiento y movilización de vehículos entre otros.

Cigarrillos:  El presidente de la Federación de Departamentos y gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, explicó que la propuesta, que será presentada en la legislatura que está por comenzar tiene alcances de estatuto único tributario que contempla la unificación de tarifas en el gravamen a los cigarrillos.

En ese aspecto, el mandatario departamental explicó que en la actualidad, el cobro de dicho impuesto entre una y otra zona del país es dispar lo que resulta inconveniente porque genera desbalances en los ingresos departamentales.

“El actual esquema permite que existan profundas diferencias en el recaudo entre un departamento y otro. El objetivo es establecer una tarifa general que rija en todo el territorio”, explicó el mandatario seccional.

Agregó que los departamentos han propuesto igualmente establecer estándares de cobro de impuestos al consumo de cervezas, licores aguas y gaseosas, pero aún no hay pleno consenso con el Gobierno Nacional en ese aspecto, por lo que el tema probablemente será sometido a debate previo.

Vehículos:  En lo que sí existe acuerdo con la Nación es en la unificación de los sistemas y tarifas en el cobro de impuestos de vehículos y rodamiento. Una de las preocupaciones que tienen los departamentos es la rivalidad tributaria existente entre sí y con algunos municipios.

En Bogotá y Cundinamarca, por ejemplo, han existido diferencias tarifarias y se han ofrecido estímulos para que los propietarios de los carros trasladen su matrícula. En diversos escenarios, la administración distrital ha considerado que estas prácticas son inconvenientes y se deben abolir.

Una de las modificaciones consiste en suspender la llamada autoliquidación. Actualmente los propietarios de vehículos efectúan su propio cálculo de la tarifa a pagar con base en diversos criterios. El proyecto propone crear una factura nacional que acabe con las ambigüedades del actual sistema. “El parámetro fundamental a tener en cuenta a la hora de pagar el impuesto será el cilindraje”, explicó el gobernador González Díaz.

También habló sobre la necesidad de efectuar ajustes al llamado impuesto de registro, tema en el que también hay un acuerdo previo con Hacienda Pública, así como el establecimiento de un código único en materia procesal.

Loterías:  Paralelamente a la reforma tributaria territorial, los departamentos insistirán en revivir un proyecto de ley que fracasó el año pasado en el Congreso, con el que se podrían recaudar más recursos destinados a financiar hospitales y centros de salud.

“Al respecto, hemos hablado con el Presidente de la República, Álvaro Uribe, y él tiene la voluntad de respaldar la iniciativa”, indicó González.

Recientemente, el mandatario abrió la posibilidad de convocar a sesiones extras al legislativo para revivir la discusión sobre los juegos de suerte y azar.

La Federación estima que la iniciativa puede facilitar el recaudo de unos 135 mil millones de pesos adicionales, que los departamentos podrían destinar a programas de asistencia en salud para los más pobres.

Municipios:  El director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), Gilberto Toro, señaló que las alcaldías también estructuran una propuesta que les permita aumentar los recaudos y cubrir necesidades que actualmente están desfinanciadas.

Algunas de las localidades buscan afanosamente nuevas fuentes de ingresos para bajar el déficit y lograr la estabilidad fiscal. El dirigente señaló que la idea es lograr el respaldo del Gobierno Nacional y que sea el propio Ministerio de Hacienda el que lidere la discusión en el Congreso de la República.

La asesora económica de Fedemunicipios, Martha Rocío Mendoza, dijo que no está descartada la convergencia de las dos iniciativas, esto es, unificar criterios y tramitar una sola reforma territorial que recoja los planteamientos de los alcaldes y gobernadores.

Gravámenes municipales:  En la búsqueda de nuevos ingresos los alcaldes no se quedan atrás. Fedemunicipios propone otra reforma para gravar la reventa de minutos a celular, los negocios por Internet, las ventas por catálogo y otras nuevas formas del mercado. Además buscan modernizar el sistema de recaudo electrónico para hacerlo más eficiente. También contemplan crear sobretasa al Gas Natural Vehicular y a los biocombustibles para compensar la caída de los recaudos por gasolina. En materia de predial, los municipios estudian adoptar el mismo esquema de actualización catastral que esta estrenando Bogotá. También contemplan una tributación ambiental por explotación del agua y de maderas

Los encuestadores del Dane

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Revolcón en la canasta familiar .  Posted by admin on 2009-01-13 09:16:48 EST

 

Los encuestadores del Dane, que indagan por el costo de vida han comenzado ya a aplicar el nuevo listado con los productos y servicios de la canasta básica incorporados a partir de este año para la medición del IPC.

 

La lista de rubros ciertamente refleja cambios en los hábitos de consumo que han tenido los hogares colombianos en los últimos diez años.

LA REPUBLICA conoció un documento oficial con la nueva lista que adiciona 116 artículos y servicios, según la cual, los investigadores deben efectuar a partir desde este mes inusuales visitas a establecimientos que hasta ahora no figuraban en el gasto familiar.

Es el caso de los hospedajes, moteles y residencias. También analizarán los costos de acudir a los populares centros de esparcimiento de billares, tejo, juegos de rana, ping y pong y hasta casinos y bingos.

Las costumbres en la última década han cambiado a tal punto que la entidad estadística tomará en cuenta el hecho de que cada vez más hogares acuden a la medicina alternativa y destinan parte de su presupuesto para ir al gimnasio o someterse a tratamientos de acupuntura y otras formas de salud alternativa. Figuran además las prótesis y los cada vez más usados métodos de planificación, dispositivos intrauterinos y potenciadores para mejorar el vigor sexual.

Los cambios también van con la tecnología, es por eso que la venta y reventa de minutos a celular, las llamadas a través de cabinas telefónicas y los accesorios para teléfonos móviles ahora cuentan para el Dane.

El nuevo IPC incluye además aparatos electrónicos y de sonido que años atrás apenas existían en el mundo de la ciencia-ficción como Ipods, reproductores de discos compactos, MP3 y MP4.

Por primera vez, la Encuesta de Hogares se ocupa de indagar por los costos de los copagos, la medicina prepagada, la atención veterinaria a mascotas y el costo que implica la alimentación del perro y el gato de la casa.

Condiciones y Restricciones para la Comercialización de minutos

http://www.une.com.co/hogares/images/productos/tp_voip/pdf/condiciones_restricciones.pdf

Condiciones y Restricciones para la Comercialización de minutos

 

• El tiempo de la tarjeta será descontado en unidades de minutos exactos.

• Vence 90 días después de la recarga o en la fecha de expiración impresa.

• No aplica para celulares en Colombia ni para llamadas a barcos y teléfonos satelitales.

• Sólo se puede utilizar desde teléfonos fijos de tonos.

• El comercializador deberá respetar los principios de honestidad, integridad, lealtad y servicio de manera que no afecte la reputación de EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P.

• En virtud de esta comercializador, no surge ningún vínculo laboral entre EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P y el comercializador ni su personal.

• Condiciones especiales para la prestación del servicio VoIP de Teléfono a Teléfono desde cabinas.

1. Disponibilidad del servicio

El servicio de VoIP Teléfono a Teléfono estará disponible para los comercializadores que tengan en sus establecimientos de comercio acceso a Internet banda ancha y que reúnan las condiciones que garanticen la viabilidad técnica del servicio definidas por EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P. A través de la conexión a un equipo terminal de conversión de protocolos VOIP (Voipiador), el comercializador podrá acceder desde sus establecimientos públicos a los siguientes servicios de telecomunicaciones: 1.Llamadas de larga distancia nacional con terminación en un teléfono fijo. 2. Llamadas de larga distancia internacional con terminación en un teléfono fijo o en un teléfono móvil.

Para hacer uso del servicio, el comercializador deberá adquirir un Pin o Tarjeta Prepago VOIP Cabinas de EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P. Una vez en poder de su adquirente, EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P no responderá por la pérdida o hurto de la misma, ni por la utilización no autorizada, ni por el uso que se le dé.

El servicio no esta disponible para llamadas a teléfono satelitales, Iridium e Inmarsat.

2. Tarifas

EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las tarifas por minuto fijadas para el servicio. Las tarifas serán divulgadas antes de su entrada en vigencia a través de la línea de servicio al cliente y en la página Web www.une.com.co/personas.

3. Numeración

Para hacer uso del servicio se requiere de la asignación por parte de EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P del número o los números que identificarán al comercializador del servicio VOIP teléfono a Teléfono de EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P.

4. Especificaciones técnicas

a. El comercializador deberá disponer de acceso a Internet banda ancha y de un equipo o equipos “VOIPIADORES” de su propiedad.

b. El soporte para el servicio VOIP Teléfono a Teléfono estará restringido a las ciudades que EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P establezca para la comercialización del servicio.

5. Limitaciones de la responsabilidad

a. EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P no responderá por la calidad del servicio de VOIP Teléfono a Teléfono cuando no se cumplan con los requerimientos técnicos mínimos exigidos, recomendaciones e instrucciones suministradas por EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P para la utilización del servicio.

b. EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P no garantiza la absoluta nitidez de las llamadas, ni la disponibilidad continua del servicio, por cuanto Internet es un conglomerado de redes y servicios prestados por otros operadores; ni es responsable de los perjuicios que se causen con ocasión de las fallas y/o suspensiones de servicio que imposibiliten el uso efectivo de la red y de sus contenidos.

c. EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P no se responsabiliza de los daños y perjuicios producidos por causas no imputables o ajenas al servicio, como los causados por fuerza mayor o caso fortuito o hecho de tercero.

d. EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P no responderá por el uso que el comercializador o terceros hagan del servicio de manera fraudulenta, valiéndose de las fallas o insuficiencias en los sistemas de seguridad a cargo del comercializador del servicio. En consecuencia, el comercializador deberá responder ante las autoridades competentes por el uso inadecuado que hiciere de los servicios de telecomunicaciones valiéndose de la tarjeta VOIP de EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P y deberá, así mismo, responder ante EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P por todos los daños o perjuicios que le cause.

e. EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P no se hace responsable de las adecuaciones físicas, modificaciones en la configuración de equipos, plataformas, ni de las configuraciones necesarias para el adecuado funcionamiento del servicio VOIP Teléfono a Teléfono en los establecimientos de comercio del comercializador.

6. Modificaciones del Servicio

Son modificaciones del servicio las siguientes:

a. Solicitud o cancelación de números.

b. Solicitud de traslado del servicio a otras ciudades.

Las modificaciones deberán ser solicitadas a EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P con diez (10) días de anticipación, así mismo, EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P podrá en cualquier momento modificar las características técnicas del servicio con el fin de optimizar la prestación del mismo. EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P informará a través del medio que considere mas efectivo, las modificaciones que realice y procurará no perjudicar el desempeño general o la operación del servicio.

Cuando la modificación consista en traslado del servicio, EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P evaluará la viabilidad del cambio. En caso afirmativo asignará un nuevo número que lo identifique. Para efectuar el cambio se deberán cumplir los requerimientos técnicos mínimos exigidos por EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P. Si el cambio no es viable habrá lugar a la terminación del servicio por parte de EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P, sin que por ello EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P deba reconocer ningún tipo de perjuicios.

7. Prohibición

No se podrá utilizar el servicio de VOIP Teléfono a Teléfono para fines no autorizados expresamente por EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P o ilegales.

8. Suspensión del servicio

EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P suspenderá el servicio por pérdida o hurto del equipo o los equipos.

En tales casos el cliente debe informar a EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P y el servicio se restablecerá máximo a los 15 días hábiles siguientes, después de adquirir nuevamente un equipo Voipiador.

9. Terminación del servicio

El servicio terminará por:

a. Ocurrencia de causas de fuerza mayor o caso fortuito, que impidan en forma definitiva la prestación del servicio.

b. Solicitud expresa del comercializador.

c. Decisión de EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P, cuando el comercializador haga uso del servicio VOIP teléfono a teléfono con violación de las disposiciones legales vigentes para ese tipo de servicios, o realicen actividades o negocios que no sean expresamente autorizados por EPM Telecomunicaciones S.A

E.S.P.

d. Cuando el comercializador solicite autorización para cambio de sitio de instalación del servicio y EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P determine que no es factible técnicamente la prestación del servicio en el nuevo sitio o se trate de una localidad en la que no se comercialice el servicio.

10. Desconexión del servicio

Una vez termine la prestación del servicio, EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P llevará a cabo el proceso de desconexión previa información al comercializador o solicitud de éste a través de las líneas de atención al cliente de EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P con 15 días de anticipación.

11. Pin o Tarjeta Prepago VOIP Cabinas de ORBITEL

El Pin o Tarjeta Prepago VOIP no autoriza para la comercialización de ningún tipo de servicio de otros operadores y únicamente se puede utilizar en establecimientos de comercio del comercializador desde teléfonos fijos de tonos.

12. Equipos

Para la prestación del servicio VoIP Teléfono a Teléfono desde Cabinas, el comercializador de minutos deberá suscribir el servicio y comprar el ó (los) equipo(s) a los Distribuidores autorizados por EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P. El Comercializador se compromete a dar a los equipos el uso adecuado, con el fin de garantizar la prestación continua del servicio VoIP Teléfono a Teléfono de EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P. Para tal efecto deberá seguir las recomendaciones que se le entreguen al momento de adquirir los equipos, las cuales comprenden aspectos tales como: el equipo no debe trasladarse del lugar original de instalación, no debe estar expuesto a humedad ni a temperaturas altas, no debe ser golpeado, no debe ser manipulado, abierto (sellos de garantía averiados), etc. Si antes de 6 (seis) meses contados desde la instalación de los equipos se presentan fallas o daños en ellos, el comercializador deberá informar al Distribuidor sobre tales hechos para que este último solicite a EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P la revisión técnica correspondiente. EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P procederá a la revisión, a través de personal especializado, con el fin de determinar si los daños son atribuibles a calidad de los equipos o a mal manejo o deterioro de los mismos. Si resultare que las fallas se deben a desperfectos de fabricación, EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P informará al Distribuidor para que éste proceda a recibir del Comercializador el equipo dañado y a entregarle uno nuevo. Si de la revisión técnica resultare que los daños fueron ocasionados por mal trato de los equipos, imputable al Comercializador, el Distribuidor no efectuará el cambio, a menos que el Comercializador asuma el valor de un nuevo equipo.

En caso de pérdida o hurto del (los) equipo(s), el Comercializador deberá informar el hecho el mismo día de su ocurrencia a EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P para proceder a la suspensión del servicio. Si el Comercializador no reporta oportunamente la pérdida o el hurto del (los) equipo(s), responderá por el valor de los servicios que se generen a partir de la ocurrencia del hecho y se hará responsable por la utilización que terceros hagan de los mismos.

Atención de quejas y fallas técnicas por parte de EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P para el servicio de VoIP (no incluye inconvenientes en el servicio de BA prestado por terceros).

La cabina debe tener servicio de BA , con una velocidad apropiada a la cantidad de líneas VoIP interesada en comprar. Servicio sujeto a disponibilidad de cobertura.