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LOS CHALEQUEROS DE BOGOTA

por adecintel el 19/07/2010 20:39, en ARTICULOS Y ESTUDIOS

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 GUERRA DE MINUTOS:

La competencia en las calles.

El negocio de la venta callejera de minutos ha suscitado grandes controversias por parte de los operadores celulares, y se ha convertido en un problema de orden público. Esta situación se complica con el hecho de que la mayoría de las personas que venden minutos en la calle no cuentan con seguridad social, prestaciones y a veces tampoco con un salario fijo. El monto de ingresos mensual que recibe una de estas personas oscila entre los 300 y 450 mil pesos.

En materia de la participación en el negocio se tiene que “el 70% de los vendedores son dueños de los equipos, pero que existe un 30% que revende a terceros, ya que son los que pueden acceder a los planes de 2 mil y 4 mil minutos, debido a los requisitos que exigen estas empresas, entre ellos, que no se encuentren reportados en las centrales de riesgos”, como se puede encontrar en la página Web de Asocel, la organización encargada de la representación de Comcel, Movistar y Tigo.

La telefonía celular en Colombia ha tenido una escalada sin precedentes, actualmente las personas utilizan más los servicios de telefonía celular que de telefonía fija. Para el segundo trimestre del 2008 el Ministerio de Comunicaciones reportó que existen 37.854.564 líneas de celular, cifra que se encuentra en ascenso en una gran medida por el negocio de la venta de minutos callejera, por ejemplo, solo en este año se han registrado cuatro millones de líneas nuevas, y se estima que la telefonía móvil se lleva el 40.9% de las utilidades de todos los servicios de telecomunicaciones habilitados en el país. Además, se estima que más de 500 mil personas pertenecen al espectro de la población que obtiene sus ingresos por medio de esta labor informal.

Para entender mejor estas cifras tenemos como factor importante la distribución de este negocio entre las tres compañías de telefonía celular. Comcel maneja el 63,92% del mercado, le sigue Movistar con el 24,67% y Tigo maneja el 11,36% restante.

Como reacción a la labor informal de venta de minutos en las calles, las compañías de telefonía celular empezaron a presionar a la Policía para que confiscara los equipos, aduciendo que el contrato suscrito con particulares cobijaba simplemente el uso personal de los planes, pero no incluía el comercio y expendio de los mismos en las calles. En el 2005 y 2006 se realizaron redadas y muchos equipos fueron confiscados, ante lo cual los afectados decidieron organizarse y optar por una salida legal.

Debido a la necesidad de normalizar su situación, la Comisión Sexta del Senado se encargó del proceso de concertación y la búsqueda de reglamentación de la venta de minutos de celular en cabinas y en la calle. Se creó una subcomisión integrada por dos senadores, los ministros de Protección Social y Comunicaciones, dos representantes de las asociaciones que agremian a los vendedores callejeros y de cabinas; así como un representante de los operadores de la telefonía celular.

Las conclusiones a que se llegaron indicaron que la venta de minutos de celular no es ilegal, teniendo en cuenta la legislación existente, por lo que no deben ser perseguidos los expendedores de este servicio, indicó el senador Iván Moreno Rojas, que también explicó que esta no es una práctica aislada, sino que muchos países y en general en Estados Unidos se realizan estas prácticas con un importante factor económico involucrado.

Ante estas iniciativas se logró cambiar el artículo 32 de la ley 782 de 2002 donde quedó estipulado: “Los equipos de telefonía móvil podrán utilizarse para la venta de minutos de celular en la calle o en pequeños establecimientos de comercio cuando exista un contrato legal de uso del equipo con un operador autorizado”.

Sin embargo, después de todos los avances en este tema el cambio de la ley, y la agremiación por parte de muchos de estos trabajadores, se empezó a generar un nuevo problema, que incluía la regulación del precio de los minutos. En muchos casos empezó una guerra de precios que podía comenzar de 300 pesos y llegar a 50 en unos pocos días, debido a que en muchos casos la iniciativa para enganchar clientes era percibir una menor ganancia al vender los minutos más baratos, y en otros casos el simple hecho de “quebrar” a otro competidor los llevaba a reducir los precios.

Plaza Capital indagó en los motivos de estas pequeñas guerras de minutos y obtuvo una mejor explicación. Al hablar con un ejecutivo de alto rango de una de las principales empresas de telefonía móvil, que prefirió mantenerse anónimo, obtuvimos información sobre cómo se está utilizando la suplantación de identidad para obtener celulares con planes amplios de minutos, que luego son vendidos de manera ilegal por precios que oscilan entre 50 mil y 400 mil pesos, dependiendo de la cantidad de minutos.

Esta práctica se realiza a corto plazo, los suplantadores luego venden estos celulares con la sim bajo el pretexto de que solo duran un mes y luego probablemente la línea sea cancelada. Sin embargo, con un plan de cuatro mil minutos vendidos a 200 pesos, se obtienen 800 mil pesos dejando un gran margen de ganancia. No solo se realiza esta práctica a través de incautos que en algún momento son víctimas del robo de su cédula o de información crediticia, sino que además se han detectado modalidades en que se crean empresas fachada para la obtención de varios móviles con planes empresariales, que son mucho más rentables ya que permiten más minutos a un menor precio.

Esta nueva modalidad delincuencial es también usada para solicitar créditos e incluso para falsificar documentos que permitan el paso de alguien a otros países. Lo más grave de esta modalidad es que la persona solo se entera tiempo después de lo que ocurre cuando recibe alguna notificación de Data crédito, y el proceso que debe comenzar para reivindicarse es largo y molesto. Primero se deben desacreditar contratos con comparación de firmas y de huellas, después se debe denunciar formalmente ante la Fiscalía la suplantación, lo cual puede tomar hasta dos años para limpiar el nombre. Tiempo en el cual la persona se verá imposibilitada de realizar actividades comerciales o de acceder a solicitudes financieras como préstamos o créditos.

Plaza Capital preguntó a la Policía Metropolitana, y según el intendente Felipe Torres, no se han presentado casos directos en que se aprehendan sospechosos que trabajen en las calles, ya que ahora es ilegal confiscar los equipos de los vendedores. Pero según nuestra fuente de una de las compañías de telefonía celular, “aunque no se pueden presentar datos de este acontecimiento ya que la empresa maneja unas cláusulas de confidencialidad, sí tengo entendido que la Fiscalía ha realizado acciones jurídicas en contra de suplantadores”.

Por lo mismo cuando se observen este tipo de prácticas de guerra de minutos, donde decrezcan los precios rápidamente y sin explicación alguna, probablemente esté sucediendo a costa de algún incauto. Las personas continúan haciendo negocio si venden minutos a un menor precio, pero así mismo su margen disminuye; si algún día se topa con esta situación pregúntese si lo correcto es beneficiarse o denunciar, podría ser usted el suplantado.

FUENTE: Alvaro Almeyda Orozco. 

Plaza CapitAL,  Edición 29, domingo 18 de julio de 2010

http://portal.urosario.edu.co/plazacapital/articulo.php?articulo=1061