Venta de minutos, ahora en manos de unos pocos

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Venta de minutos, ahora en manos de unos pocos

La venta de minutos de celular en Colombia no cuenta con una legislación que la regule. Se estima que hay cerca de un millón de colombianos que se gana la vida bajo este esquema que, hasta ahora, no tiene ni Dios ni ley.

María, una vendedora de minutos de Medellín lo describe simple: "Este negocio no es legal, pero tampoco es ilegal". Gabriel Jurado, ex comisionado de Regulación de Telecomunicaciones, expresó que hasta ahora "ni el Ministerio de Comunicaciones, ni los operadores de celular, ni las autoridades de orden público han planteado un esquema de control para este fenómeno".

Jurado precisó que los operadores de telefonía móvil disponen en sus contratos que las líneas son de uso personal y que comercializar con ellas es ilegal y violatorio del contrato. Sin embargo, advirtió que existe una demanda creciente por parte de estos usuarios y esto genera una presión comercial, de un lado, y una presión social, de otro.

En ese sentido, son difusas las fronteras, así como imposibles de determinar las cifras globales. No se sabe a ciencia cierta cuánto podría mover este negocio en el país ni cuántas personas dependen de él.   Las cifras individuales son más o menos así: Un vendedor de minutos puede ganarse entre 15 y 50 mil pesos diarios. Eso se divide por 250 o 200 pesos el minuto.

En la calle hay dos tipos de vendedores:  Los que trabajan por su cuenta, con sus líneas, como María y los que trabajan para otros, como Andrés, que le maneja cuatro teléfonos a una señora a la que le debe liquidar cada día. "La patrona me paga cada minuto a 50 pesos, o sea que yo tengo que vender mucho para poder hacerme aunque sea 20 mil diarios", dice este joven de 18 años que tiene el privilegio de trabajar en el Parque de Berrío.

Sí, privilegio, porque esa plaza es una de las mejores y más controladas por ese grupo de grandes propietarios. Según el testimonio de María, además del parque, están el sector de la Iglesia de San José, la Plaza de la Luz y el Parque Lleras, en El Poblado.

Joana, una chocoana que trabaja en el atrio de la Basílica Metropolitana, explica que el mecanismo en ese sector es distinto. "En el parque de Bolívar hay 24 venteros y desde hace un tiempo estamos organizados. Unos somos dueños de las líneas, otros trabajan por contrato".

Por supuesto, contrato no significa ni prestaciones, ni seguridad social. El contrato solo aplica a la hora de liquidarle al patrón . Pero eso no le preocupa a don Antonio, un vendedor de confites en El Poblado que desde hace dos meses "diversificó" su estrategia. "Un señor conocido me dio un teléfono, yo le tengo que pagar a él una mensualidad. El resto es para mí".

A este señor, con 63 años a cuesta, lo único que importa es que las autoridades lo dejen trabajar. "Espacio Público no me ha dado la licencia y eso sí que me perjudica".

La ubicación:  Las autoridades de Espacio Público, según lo cuentan los vendedores consultados, hasta hace un tiempo "molestaron mucho". Dicen que antes les quitaban los celulares y los chalecos. "Ahora lo que tenemos que hacer es saber en dónde ubicarnos, para no meternos en el sector controlado por otro, y conseguir para pagar la 'vacuna', que es entre 10 y 20 mil pesos semanales".

En este contexto, es poco lo que pueden hacer el Gobierno o los operadores de telefonía móvil.  Asocel es el gremio que los representa. Voceros de esta asociación explicaron las dificultades que implica establecer un control que impida la explotación o el abuso.   "El contrato de telefonía móvil prohíbe la comercialización de minutos y se exige que la línea sea de uso personal. En ese sentido, viola el contrato quien vende minutos", indicaron voceros de  Asocel, que al tiempo, reconocieron la problemática social que obliga a muchos a rebuscarse la vida con este negocio.