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CIBERSEGURIDAD EN TIEMPO REAL PARA TERMINALES DE ACCESO A INTERNET PÚBLICAS Y DE BAJO COSTO

por adecintel el 01/07/2011 22:34, en ARTICULOS Y ESTUDIOS

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La comercialización de celulares, presentó en los últimos 10 años un crecimiento vertiginoso, sin que mediara mayor regulación respecto a la reutilización de los equipos por parte de los usuarios, inclusive en casos necesarios de  bloqueo por pérdida o hurto.

El móvil, en sus diferentes fases de crecimiento, incluida las etapas en la que el dispositivo se considera un artículo de lujo o dotado de nivel de inteligencia,  ha expuesto a los usuarios a un alto riesgo por eventos fortuitos o actos delincuenciales, en razón a lo atractivo de estos instrumentos tecnológicos y  valor de reventa.

Respecto a ello, los miembros del sector en su conjunto habían considerado de menor importancia una intervención legislativa en tal sentido e inclusive hizo carrera el principio que regular sobre limitación de uso,  bandas cerradas o exclusividad era contrario a la dinámica de un mercado en expansión, que necesitaba de la rotación de aparatos, la flexibilidad mercantil y la creación de la cultura del hábito al celular.

Un informe de la firma consultora IDC sobre el mercado de telefonía móvil mundial, indicó que, solo en el cuarto trimestre de 2010, se creció a una tasa del 17,9%, alcanzando un total de 401,4 millones de nuevas unidades vendidas, a fin de atender una población cercana a los 6.800 millones de habitantes en todo el planeta.  

A pesar de la multiplicación de los dispositivos, por parte de los mismos usuarios la previsión ha sido mínima.  En Europa, por ejemplo,  una reciente encuesta indica que, sólo un 12% de los encuestados utiliza programas de protección, otro 12% planea instalarlo y un 52% desconoce la existencia de estos programas.

En Colombia, el mayor nivel de colocación de dispositivos, se sucedió entre los años 2005 y 2008, jalonado por el crecimiento de líneas activas que pasó de 21.8 millones a 40.7 millones de conexiones, frente a un potencial de 44 millones de habitantes.

Segunda estudios de Asocel para esa época, en el año 2005 se reportó el robo de un millón 600 mil aparatos, y en el  año 2007 la cifra llegó a dos millones 500 mil equipos.

Al 2010, se estimaron 3 millones de unidades perdidas o hurtadas, con una mínima fracción oficialmente reportada ante los operadores.

Pese a lo representativo de las cifras  no hubo mayor actuación para desestimular estas prácticas, hasta que trascendieron algunos factores  que evidenciaron la desaceleración de la industria móvil celular en los países mayoritariamente consumidores.

El freno de la colocación de dispositivos inteligentes, la extensión del tiempo de utilización  por los usuarios, la mayor rotación entre usuarios, la remanufacturación de dispositivos  y la ampliación de la oferta de un mercado paralelo de celulares de código abierto, coincidió con un cúmulo de disposiciones regulatorias tomadas a nivel global.

En Colombia el gobierno a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, estableció una serie de medidas y autorizaciones regulatoria bajo el pretexto de enfrentar a las mafias que se nutren del hurto de dispositivos.

Estas normas, seguramente paliarán este lamentable mal, empero en  esencia terminarán contribuyendo a aumentar el  relevante y desequilibrado mercado nacional de comunicaciones.

La concentración del sector con la selección de los comercializadores o autorizados y la desconexión de dispositivos cotidianamente usados en el país, trasladados informalmente de mano en mano, deliberadamente obliga a la reposición de teléfonos de mejores prestaciones,  alcanzando nuevamente la dinamización anhelada por el operador móvil dominante y sus empresas filiales proveedoras de acceso a internet.

Del consumismo desaforado de telefonía móvil al consumo ineficiente de acceso a Internet, la historia en Colombia tiende a repetirse.

A partir de las metas del plan de tecnología del país, vemos que nuevamente estamos caminando por el mismo sendero de la masificación de los dispositivos móviles celular sin aplicar desde un principio medidas regulatorias que garanticen la seguridad de los usuarios.

Con el objetivo institucional de “Multiplicar por cuatro el número de conexiones de internet”,  “Alcanzar 50% de hogares y MIPYMES conectados a Internet” y “Triplicar el número de municipios conectados a la autopista de la información a través de redes de fibra óptica”, en tres años, el número de televisores digitales, led, LCD, plasmas, DVD, Blue Ray, consolas, notebook, laptop, desktop, tablet, Smartphone, y una serie de dispositivos altamente atractivos para la delincuencia común y organizada, se quintuplicaran poniendo en riesgo la vida no solo de las personas individualmente sino las del hogar entero, sin distingos de clases, estratos o localización.

Los objetivos con la masificación de las conexiones a internet, priorizados sobre contratos individuales o personalizados, de la mano de una serie de proyectos, planes y programas, pretende, según el gobierno, cerrar la brecha digital, aumentar la calidad de vida y reducir la pobreza de los colombianos, acompañados necesariamente de la adquisiciones de terminales y el pago de facturas por conexión móvil, híbridas y/o fijas.

La utilización de una serie de herramientas, como el traslado de subsidios de telefonía fija a servicios de Internet, la articulación de infraestructura civil y de energía a los servicios TIC, el desarrollo del Proyecto Nacional de Fibra Óptica, la implementación del planes regionales, y el manejo estratégico del Espectro Radioeléctrico,  en resumen no es más que el subsidio a la oferta.

Ante éste panorama, esta realidad que se avecina, se espera la diligencia y previsión del gobierno nacional, similar a la reacción tomada ante la muerte del profesor Gustavo Adolfo Álvarez Alfaro, el sacerdote Gustavo García, el vigilante Benicio Sandoval o el Capitán de la Policía Carlos Arturo Contreras, victimas de hurto de dispositivos móviles, a fin de construir una regulación que garantice que los dispositivos de acceso a Internet cuenten con las medidas de seguridad mínimas como salvaguarda de la integridad de las personas y  desestimulen el hurto de los mismos.

Para ello, los localizadores GPS de rastreo satelital, además de ser una excelente idea de negocio para la industria de alta tecnología, ha evolucionado a pequeños chips o dispositivos de rastreo mimetizables en cualquier dispositivo  por comprimido que este sea.

La localización de objetos por georeferenciación,  basado en la tecnología de localización satelital GPS (Global Positioning System), permite hoy en día una aproximación a las coordenadas exactas del objetivo, con un margen de error de 10 a 15 metros.

Estos dispositivos costosos en su momento, presentan la misma curva de decrecimiento en precios cuando se aplica en forma masiva y trasparente, convirtiéndose en una inversión que vale la pena incluir en el costo final al cliente, máxime si se trata de proteger objetos de algún valor, bienes públicos y sobre todo la integridad de los usuarios de los objetos.

Ejemplos hay muchos, En Guayaquil, Ecuador,  existe un proyecto donde el patrullaje de los agentes de policía, es monitoreado con chip GPS  desde una central controlada por la Policía con el fin de que los recorridos policiales  se ejecuten de forma más efectiva y que los agentes se mantengan dentro de su radio de acción en las horas de trabajo.  El  primer sistema denominado “Circuito Seguro el Fortín”, se viene desarrollando en el sector conocido como “la entrada de la 8”, en el km 26 de la Perimetral, sitio considerado conflictivo por la Policía Nacional y permitirá   localizar y verificar los desplazamientos, acciones y registros policiales.

En Buenos Aires, Argentina, una banda internacional de falsificadores de moneda internacional fue neutralizada por las autoridades, tras robar una computadora con GPS.  Los miembros de la banda que robaron un departamento, sustrajeron una computadora que contaba con GPS, siendo rastreada por La Policía Federal, que se encontró adicionalmente con un millón de dólares falsos al incautar el equipo.

En Bahía Blanca, Argentina, igualmente a través de un GPS, habilitado en un iPhone, la policía recupero un portarretrato digital, un teléfono inalámbrico, un celular y dinero en efectivo. Cuando los maleantes se fugaron del comercio, el damnificado activó el GPS de su teléfono, lo que posibilitó determinar hacia dónde se dirigían.

Y bien, si resulta costosa la implementación de los GPS en las terminales presupuestadas para los estratos 1, 2 y 3 en el país, hay muchas formas para protegerlos ante un posible hurto. Los dispositivos pueden habilitarse de fábrica con el GadgetTrak (gratis) que rastrea la IP que se está usando, o el Prey que rastrea computadores robados con  una pequeña y muy simple aplicación que recolecta un lote información del terminal, y la envía a una casilla de correo definida previamente, permitiendo su seguimiento.

Ing. Miguel Ospino Rodriguez.