LA ECONOMIA POPULAR EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

A la par con el avance tecnológico, la irrupción de la sociedad del conocimiento, la conformación de la ciudad digital, los conglomerados urbanos interconectados  y el aumento del comercio electrónico formal, se hace palpable un tejido humano que desarrolla o se ve obligada a desempeñar actividades de producción, intercambio y provisión de bienes o servicios, regidos por códigos, normas, espacios, saberes y sistemas financieros, alternos a los amparados en la institucionalidad.

Estas actividades, alegales (No regulado ni prohibido) no ilegales (lo ilícito o contrario a la ley),  hacen parte de lo que se  ha denominado peyorativamente la “economía informal, sumergida o irregular”, por estudiosos como Keith Hart, y más científicamente con el apelativo de “Economía Invisible” por el investigador humanista y ambientalista,  Manfred Max-Neef.

Esta clasificación de práctica económica, identificada más comúnmente  con el nombre de “Economía Popular”,  tienen hoy en día relevancia en la capital de Colombia, toda vez que el candidato a la Alcaldía, por el Movimiento ciudadano “Progresistas”, Dr., Gustavo Petro, ha planteado dentro de sus propuestas,  una línea política que busca sentar las bases de apoyo a este mecanismo laboral, como instrumento para construir una sociedad más incluyente y humana.

En Bogotá, con 8.1 millones de habitantes,  más de un millón de puestos de trabajo dependen de las ventas ambulantes, pequeños tenderos, productores manufactureros,  comercios minoristas o economías solidarias, que canalizan bienes y servicios en forma silenciosa y productiva desde el comercio formal a los usuarios finales, cumpliendo la función de acicate económico o esponja en épocas de crisis, estabilidad y bonanza.

En los últimos 20 años, la expresión de la economía popular,  se evidencia en una realidad humana y empresarial, que históricamente es calificada desde el establecimiento como una problemática social y no como un efecto colateral al sistema  empresarial.

Se hace recurrente, el ignorar su peso específico en temas regulatorios, aporte a la economía y mas en iniciativas desde la institucionalidad que  procuren su reconocimiento y formalización.

Tanto en Colombia, como en la mayoría de los países latinoamericanos, el 60%, y aún más, de la población, hace parte o se interrelaciona con la  llamada  Economía Popular, que la acoge con respeto ante su eficiencia en la prestación de bienes y servicios de alta rotación, frente a su baja estructura de costos, complementariedad y proximidad

En el caso particular de los establecimientos de Economía Popular asociado a las TIC - Tecnologías de la información y las comunicaciones, es evidente su penetración y diversidad.

La reventa de minutos a celular, la intermediación en el acceso público a Internet, las recargas de dispositivos, los suministros de aditamentos tecnológicos y la comercialización de bienes, productos, servicios y aplicativos relacionados con las información y las comunicaciones, es uno de los hechos sociales y económicos más impactantes y dinámicos de los últimos años. 

Constituye un complejo mundo, que lentamente, en forma casi imperceptible se posicionó en áreas de alto impacto, corredores comerciales, barrios marginados, pobres y clases medias, al igual que en espacios públicos e inclusive áreas privadas de sectores antes reservados a las clases altas.

La realidad de la Economía Popular, en el entorno de las TIC,  al no disponer de  políticas estructuradas, irrumpe en los escenarios formales configurando su propia articulación sistémica, lógica, operativa, económica y financiera, con la complacencia de los operadores y el beneplácito del Estado. 

Como por citar un ejemplo, en el entramado de la provisión del servicio de recargas a dispositivos móviles (Minutos celular y tiempo de conexión a Internet), que en el 2010, arrojo ventas superiores al billón de pesos en Colombia, la denominada Economía Popular, efectivizó un 45% de las trasferencias. En ello no fue necesario que mediaran recursos líquidos por parte de los operadores Comcel. Movistar, Tigo, Uff, y Avantel, en razón a la existencia de los suficientes intermediarios alegales interesados en apalancar las operaciones, recibir utilidades en promedio del 20 por ciento al mes y mover en el sector bancario sus recursos. Los colocadores finales, integrantes de las cadenas de la Economía Popular con una participación del 4% por transacción, subsidiaron e inclusive  incurrieron en pérdidas en la operación.

Desde el Estado, la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC  y el Ministerio de las Tecnologías - MinTIC, en el estudio que adelantaron sobre el Régimen de Comercialización de Redes y Servicios y Oferta Mayorista, en julio de 2010, en el ítem 1.2.2. Esquemas de Comercialización en Colombia, consignaron, en  relación a la reventa de  telefonía local, acceso a internet, telefonía móvil, y larga distancia nacional e internacional, que: “Un agente común a todos los esquemas de comercialización presentados anteriormente corresponde a los “Cafés Internet” o “Cabinas Telefónicas”, que desde el punto de vista conceptual corresponderían a ”Comercializadores Puros” es decir, que su actividad principal se circunscribe a la venta de grandes volúmenes de minutos para los servicios de telefonía local, larga distancia, telefonía móvil celular/sistemas de comunicación personal y acceso a Internet de alta velocidad”.

Aun así, en forma contradictoria y después de inimaginables debates, estudios, congresos y cruce de cartas, ante la perentoria orden legislativa, consignada en el Articulo 22 numeral 11 de la Ley 1341 de 2009,  en las conclusiones y recomendaciones, publicado el  8 de agosto de 2011,  sobre Régimen de Comercialización,  la Comisión, en consonancia con el Ministerio, concluyen que la comercialización, es la “[a]ctividad por la cual una persona jurídica legalmente establecida compra servicios o líneas a un operador […] para ofrecerla a terceros.”, dejando por fuera de esta interpretación a los 46.000 actores a  nivel nacional de la Economía Popular de TIC, cuya alegalidad jurídica es evidente independientemente de ser comercializadores reconocidos por el mismo Estado.

Dando así por terminadas sus competencias legales, remata el documento de conclusiones y recomendaciones sobre el Régimen que pudo regular e incorporar a la legalidad a miles de colombianos, registrando que “Se evidencia que en este momento no es necesario determinar condiciones generales adicionales a las ya establecidas en materia de acceso en la Resolución CRC 3101 de 2011, que incluye definiciones de acceso, interconexión, proveedores (refiriéndose de manera explícita a los comercializadores de redes y servicios)”, según cita textual.

Es de anotar que, la anterior resolución del 10 de agosto de 2011, "Por medio de la cual se expide el régimen de acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones, y se dictan otras disposiciones", no regula el tema de la comercialización en  los servicios derivados de la telefonía móvil y el acceso a internet y desde ningún punto de vista permite equiparar a los comercializadores Minoristas representantes de la Economía Popular, con los grandes conglomerados propietarios de la infraestructura de las nuevas tecnologías en el país.

Hoy seguimos al vaivén de la libertad contractual y sometidos a las reglas del derecho privado, de plena competencia,  y libre concurrencia en un sector que está migrando hacia un modelo de competencia mayorista en la infraestructura; que limita cada vez mas a los proveedores minoristas de servicios y aplicaciones, con una clara tendencia a la  conformación de un monopolio,  con prácticas restrictivas a la competencia y eventuales abusos de posiciones dominantes que acentuarán las distorsiones en el sistema económico competitivo esperado.

El Dr. Gustavo Petro, tiene la posibilidad real de ser el próximo Alcalde de Bogotá, e incorporar bajo el apoyo en la Economía Popular, a los comercializadores minoristas de información y comunicaciones, vinculándolos en su plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin de impulsar el trabajo decente, con responsabilidad social, orientado al fortalecimiento del conocimiento humano y a la dignificación de la denominada economía Invisible.