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REVISTA SEMANA: QUE ROLLO CON LOS CELULARES

por adecintel el 29/05/2011 19:57, en NOTICIAS

El robo de celulares tiene azotados a los ciudadanos en varios países de América Latina, y su control se les salió de las manos a las autoridades. Este fenómeno delincuencial ha desbordado las fronteras, pues se ha creado un tráfico internacional de celulares robados en unos países y llevados a otros.

El problema es tan grave que hace dos semanas la Comisión Interamericana de las Telecomunicaciones, organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), propuso crear un gran frente hemisférico que combata el creciente problema del robo y tráfico ilegal de celulares en América Latina y el Caribe.

En Colombia, el robo de celulares ha alcanzado dimensiones aterradoras e incluso ha causado la muerte de varias personas. No hay estadísticas oficiales sobre el número de aparatos que se roban en el país, pero distintas fuentes hablan de un millón al año. Sin embargo, cuando se contrastan estas cifras con las que tienen los operadores, solo hay registro de unos 15.000 aparatos reportados como hurtados.

La dificultad para cuantificar el ilícito radica en que muchas personas no denuncian el robo. Lo cierto es que se trata de un delito en crecimiento y sumamente lucrativo. Los celulares robados se comercializan fácilmente. Hay expertos que burlan las medidas de control como la apertura de las bandas, que permiten que los aparatos puedan ser activados por las compañías sin que quede rastro de su anterior dueño.

En el mercado legal, un teléfono de los llamados ’inteligentes’ puede costar un millón y medio de pesos y en el ilegal se consigue a mitad de precio. Se han creado unas redes completas. Los delincuentes que roban el aparato lo venden por 100.000 o 50.000 pesos a otros encargados de repotenciarlo (le hacen todos los arreglos, incluido el cambio de IMEI, o identificador del equipo) y estos últimos lo sacan al mercado como nuevo. Un elemento que ha estimulado esta industria criminal es el factor ’aspiracional’ que está implícito en la tecnología.

La gente quiere cambiar de celular para aprovechar versiones más avanzadas que ofrecen muchas más posibilidades. El auge de las redes sociales, por ejemplo, alimenta también la aspiración de las personas por tener equipos más sofisticados que son más costosos y, de paso, son un bocado más apetitoso para los delincuentes en las calles. En Colombia se estima que la rotación del celular es de 18 meses. Es decir, hay un mercado muy atractivo para que prospere el comercio ilegal de estos aparatos. Medidas de control y sus bemoles En Colombia, el delito se pasó de castaño oscuro. No solo por el volumen, sino porque ya causa muertes.

Por eso, para combatir esta industria criminal el gobierno acaba de anunciar un decreto que combina medidas de carácter tecnológico y penal. En el primer asunto, los operadores crearán dos bases de datos, una positiva con todos los equipos activos y otra negativa con los aparatos que han sido reportados como robados. Las bases de datos serán centralizadas de tal manera que la consulta se haga más expedita.

Como las bases de datos están conectadas a todos los operadores, si alguien coge un celular robado y le pone otra SIM card y trata de utilizarlo, el operador consultará esa base de datos, y si ese número de IMEI está en la base de datos negativa, no se podrá activar el celular. Adicionalmente, habrá un mayor control sobre la venta de celulares.

Solo los podrán comercializar las compañías operadoras y los autorizados por las propias empresas telefónicas o por el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC). Cuando alguien compra un celular, debe tener claro que la tienda esté autorizada para venderlo y que le debe expedir una factura que incluya el número único de celular, o sea, el IMEI. Con esto se pretende cerrar el canal de la venta ilegal de equipos.

Para tener un mayor control, las personas que traigan teléfonos comprados en el exterior deberán mostrar las facturas a los operadores para que estos los puedan activar para su uso. Además, se debe entregar el certificado de homologación del equipo, documento expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que garantiza que el celular cumple con las especificaciones técnicas se seguridad. Igualmente, si una persona cede su equipo a otra, deberá reportar por carta la transferencia que hizo. Los controles parecen excesivos, pero el ministro de las TIC, Diego Molano, dice que son claves para atajar este delito. Algunos se preguntan si esto no terminará dándoles más poder de mercado a los operadores.

Alejandro Gaviria, decano de Economía de la Universidad de los Andes, dijo en su columna de El Espectador que "el decreto en cuestión aumentará el poder de mercado de los operadores y podría por lo tanto incrementar los precios de los aparatos nuevos, incentivando así el comercio ilegal.

Las consecuencias inesperadas de la tramitomanía no lo son tanto".

El ministro Molano desestima la preo-cupación, pues señala que todos están interesados en que haya mucho más comercio de celulares ya que esto garantiza clientes y tráfico. "Estamos ordenando el mercado y protegiendo la vida de los consumidores".

Los operadores de telefonía móvil agrupados en Asocel dicen que ellos son los más interesados en que existan condiciones dentro del mercado que permitan a la población el fácil acceso y disponibilidad de equipos. Ante la idea de muchos de que es más costoso un equipo comprado a un operador que en el mercado, Asocel señala que los equipos que en la calle están por debajo de los precios que se ofrecen en los puntos de venta autorizados suelen ser usados, recuperados o robados, que no cumplen con las disposiciones legales para su comercialización y carecen de garantía. Según Santiago Aldana, presidente de Uff Móvil, es difícil pensar que se dé un acuerdo entre operadores para subir precios.

Este punto provocó ya protestas de los vendedores de los sanandresitos en Bogotá, quienes argumentan que los sacarán del mercado. El gobierno dice que quienes vendan y estén autorizados, ya sea por los operadores o por el Ministerio, podrán seguir en el negocio. Algunos analistas han señalado que todas estas medidas no funcionarán si las penas no se endurecen para castigar a quienes hacen parte de esta industria criminal.

Por ello, en la ley que busca reformar el Código de Seguridad Ciudadana que hace trámite en el Congreso de la República se contempla la pena de seis a ocho años para quien manipule un terminal móvil para alterar sus números de identificación con el fin de burlar las listas de las autoridades reguladoras. También todo aquel que dentro de las empresas permita la reactivación de los celulares bloqueados.

Ahora bien, en Colombia el robo de celulares no se castiga con cárcel, por ser un delito de menor cuantía. La idea es que este delito en un futuro también se se penalice con prisión.

Nadie duda de que desincentivar el robo de celulares sea algo urgente. Lo que algunos sí se preguntan es si estas medidas serán efectivas. "Los nuevos trámites poco afectarán, en mi opinión, el comercio ilegal. Muchos teléfonos robados serán sacados del país. Otros, vendidos por partes. Otros más, comercializados internamente después de cambiarles fraudulentamente el IMEI por el de aparatos viejos, ya sin valor comercial pero incluidos en la base positiva", dice Alejandro Gaviria.

Lo cierto es que comprar un celular ahora podría volverse un asunto demasiado engorroso y, hasta el momento hay muchas dudas sobre los trámites que se deberán seguir hacia adelante.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones tendrá que expedir una resolución para aclarar muchos detalles que permitan implementar las medidas generales que anunció el gobierno. Algunos piensan que estos controles debieron ponerse desde hace mucho rato, pero, como dice el refrán, más vale tarde que nunca.

TOMADO DE : Revista Semana, amyo 23 de 2011. http://www.semana.com/economia/rollo-celulares/157474-3.aspx