NO SER y NO ESTAR: La Corrupción en Colombia.

Con el aumento en la apropiación indebida de recursos, el abuso en la función pública, el entrampamiento burocrático y el  cobro de peajes en la administración oficial, se hizo evidente la cultura de  “herméticos círculos restringidos con poder”, direccionado por la clase política,  en contubernio con elementos estratégicos de la sociedad.

Desde la cabeza de estas organizaciones, altamente dinámicas, se ha venido ejerciendo una presión premeditada en sus diferentes niveles jerárquicos y dentro de los aspirantes a  ser parte de ella, que obliga a sus participantes ya sea a consumar actos de corrupción por ACCIÓN, con el desvío indebido de recursos, o a vivir en connivencia  al permitir por OMISIÓN la inacción de los entes de control y de las veedurías ciudadanas.

Inclusive, dentro del marco de la legalidad y en cumplimiento de las actividades ejecutivas cotidianas, se adiciona un tercer elemento, poco tratado en las cifras oficiales,  que por igual implica el derroche de recursos en la inversión pública, a partir de la contratación innecesaria, suntuosa, improductiva e inclusive ficticia.

En el País, la percepción del 60% de los empresarios frente a la corrupción es que ésta viene en aumento;   se calcula que el 70% de la contratación estatal no es  transparente; solo el desfalco por recobro del IVA  en la Dian y en el fondo del Fosiga, suman 1.5 billones; hoy, las pretensiones de demandas contra el Estado llegan a 100 billones de pesos y una represa en el rio Ranchería, departamento de la Guajira, con una inversión de 650 mil millones, hoy es foco de epidemias y criadero de mosquitos.  

Otro dato preocupante, es que de la ejecución presupuestal  2010 que ascendió a $ 149.8 billones, ($ 40,7 billones de pesos para el servicio de la deuda, gastos de funcionamiento por  $ 83,1 billones,  inversiones por  $ 23,4 billones de pesos, recursos destinados para atender las necesidades de la guerra por $ 21,1 billones de pesos y $ 2,6 billones de pesos para el programa Familias en Acción, y, entre otros), se estiman en riego de desvío, corrupción, inversión inapropiada, amortización de deudas por inversiones improductivas del pasado, subsidios inmerecidos  o contratación de personal innecesario, unos $ 35 billones..

El indebido manejo de los recursos del Estado, ha sido una contante a lo largo de nuestra historia.   Lo preocupante hoy es que en la percepción de la sociedad colombiana, a pesar del aumento del gasto en prevención,  el desvío y despilfarro de dineros y bienes públicos, en los últimos 5 años, pasó de ser el tercer factor perturbador al primero, por encima de la inseguridad y el desempleo.

Bajo esta realidad, cuantas mas acciones se  implementaron en el pasado para combatir la corrupción, se reformuló la institucionalidad,  se vinculó la sociedad civil, financió al aparato fiscalizador y estudió el problema, a fin de llevarlo a sus “justas proporciones” y ‘aterrizarlo’ dentro de la agenda gubernamental, mas se entronizó y estatizó su accionar y  repercusiones.

El fenómeno  de los “círculos restringidos con poder”,  es Nacional, no solo es  en Bogotá.  Se replica en todo el territorio colombiano, en las organizaciones gubernamentales  y niveles jerárquicos, siendo esporádicos los casos de administraciones y funcionarios con verdadera vocación de servicio y respeto por lo público.

Líderes de las administraciones y las mayorías que ejercen control político, en asocio con los tenedores de la propiedad, los irrigadores de los recursos de capital  y un grupo muy particular de empresarios, perpetuán en forma cíclica el perverso modelo, con individuos fusibles que entran, rotan, salen o permanecen, dependiendo de su funcionalidad, discreción  y resultados.

La existencia de una abismal inequidad social, concentración de poder y diferencias en los ingresos, constituyen el sustento de estas prácticas corruptas. Es paradójico, pero mientras más personas estén necesitadas de suplir sus necesidades con estrategias, planes, proyectos, medidas, obras y demás medios de formalización de la actividad pública, mayor es el abuso de poder y actos de corrupción.

El desvío de recursos de programas sociales, dirigidos a compensar las deficiencias de ingresos de los sectores más pobres, o en planes de contingencia por eventos catastróficos, en el pasado ha contribuido a consolidar la desigualdad social y económica, aumentando los focos de corrupción.

Los instrumentos de control del saqueo al erario han aumentado el riesgo de participación de más actores en la cadena, toda vez que al no atacarse la corrupción desde la fuente, se terminó convirtiendo  el fenómeno en una discusión interminable de orden legal, más costosa y  perpetua en la sociedad.

La aprobación de un nuevo Estatuto Anticorrupción en Colombia y el destape de hechos de flagrante corrupción,  van a  golpear los círculos mafiosos de poder.  La inclusión de una estrategia asociada dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, configura un panorama novedoso para los nuevos aspirantes a cargos públicos locales y regionales.

Medidas como las inhabilidades para contratar a quienes incurran en actos de corrupción o financiadores de las campañas y la prohibición a ex servidores públicos para contratar con el Estado en asuntos sobre los cuales hayan tenido competencias y para gestionar intereses privados, son alentadoras.

La exclusión en  actos de corrupción de beneficios como la suspensión de la pena, la libertad condicional o la prisión domiciliaria, y la eliminación de beneficios jurídicos para quienes resulten condenados por actos de corrupción, son propuesta audaces del estatuto.

La creación de  un sistema especial de control en el sector de la salud y la terminación del secreto profesional en la contabilidad empresarial, trasparentas su accionar.

Herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, el control social, la rendición de cuentas, el acceso a la información, y la promoción de una cultura de legalidad, probidad y transparencia, alientan a apoyar el nuevo marco legal.

La figura de las Personas Políticamente Expuestas, la regulación del lobby o cabildeo frente al Legislativo y el rediseño del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, son avances esperados.

En materia de contratación, al reforzar el papel de las supervisiones e interventorías, la constitución de fiducias o patrimonios autónomos para el manejo de los anticipos y la regulación de inhabilidades, multas y sanciones por incumplimientos contractuales, coloca en camisa de fuerza a los contratistas.

Y en caso de fallar los controles preventivos e indicativos, el Estatuto Anticorrupción se ha concentrado en ofrecer mejores instrumentos a los órganos de control y a la Fiscalía, entidades que tienen los mayores recursos humanos, técnicos y financieros para investigar,  sancionar y producir rentabilidad social.

De la sociedad civil, representada en la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, se espera mucho. Dentro de esta comisión es necesario que el sector privado se depure y se comprometa con códigos internos de comportamiento y adelante acciones explícitas de lucha contra la corrupción, se promuevan las veedurías ciudadanas, se estimule la vinculación de las universidades a la investigación sobre la corrupción y se entienda que la participacion ciudadana en la rendición de cuentas debe ser activa.

Capítulo particular conllevan los medios de comunicación que tienen una responsabilidad relevante de publicitar el control mediatico y social, para lo cual deben enfocar sus acciones dentro de la objetividad, ecuanimidad  e independencia.

Sólo mediante la suma de acciones, el fortalecimiento institucional,  el compromiso decidido de todos los actores y el cambio radical en la mayoria de los colombianos, el país podrá avanzar en la mitigación de esta chacra y consensuar un camino que supere las discusiones y máximice los recursos escasos.