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PADRON DE TELEFONOS CELULARES EN MEXICO

por adecintel el 17/03/2010 22:45, en NOTICIAS

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Tomado de Agencia EFE, Fecha 17-03-10.

México advierte que podría cancelar 44,6 millones de móviles sin registro.

El Gobierno mexicano informó hoy de que sólo se han registrado 38,9 millones de teléfonos celulares hasta el 15 de marzo, de un total de 83,5 millones que operan en el país, por lo que los 44,6 millones de aparatos restantes sin registro serán suspendidos en pocos días.

"Para el 10 de abril de 2010, todos los teléfonos móviles que existen en el país -ya sean líneas de prepago o pospago- deberán estar dados de alta en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut)", recordó en un comunicado la Comisión Federal de Telecomunciaciones.

Las autoridades advirtieron de que "de lo contrario, la línea será suspendida sin ninguna responsabilidad por parte del proveedor de servicios". El 10 de abril del año pasado, el Gobierno mexicano comenzó el registro de celulares en el Renaut como una medida para evitar las extorsiones, secuestros y otros delitos que se cometen mediante el uso de teléfonos celulares.

Según un informe del Consejo para la Ley de Derechos Humanos, en el periodo 2001-2007 en la Ciudad de México cada día se registró un promedio de 200 extorsiones vía telefónica, de las cuales en el 37 por ciento de los casos se pagó el rescate.

No obstante, once meses después del aviso sólo el 46,5% de los aparatos han sido registrados en este listado en manos de las autoridades. El registro consiste en relacionar el número telefónico con la Clave Única del Registro de Población (CURP).

Las autoridades recordaron que se puede registrar el número telefónico por medio de un mensaje de texto con los datos del CURP y también por medio de los centros de atención. Las compañías que ofrecen el servicio de telefonía móvil deben conservar durante un año la información de cada cliente, en la cual se incluye, además, el registro de llamadas y mensajes que salgan o entren en los móviles.

Esta información podrá ser utilizada por las fiscalías en caso de investigaciones de delitos de extorsión, amenazas o secuestros.